A pesar de los diversos hechos y acontecimientos que se produjeron en el 2019 a nivel local, regional o nacional, el paro de los sectores sociales del mes de octubre ha copado el interés y el análisis de diversos sectores.


Se ha mencionado que en nuestro cantón sucedieron algunos hechos de importancia e interés colectivo, sin embargo otros eventos de violencia dejaron guardados esos acontecimientos que podrían considerarse positivos.


Y cuando se habla de los actos relacionados al paro nacional, se exige una clara e imparcial investigación que escuche a todos los sectores involucrados, a aquellas personas que -han señalado- prepararon algunas acciones de manera organizada al milímetro.


Este verdadero levantamiento, motivado por el decreto 883 que disponía la elevación del precio de los combustibles, superó todas las expectativas, inclusive del propio régimen, que sabía que habría protestas y reclamos.


Así sucedió, primero fueron los transportistas, luego algunos sectores sociales y finalmente las organizaciones de carácter indígena a nivel provincial y nacional que hicieron sentir su fuerza para el reclamo.


Fue plenamente planificado, no pueden aparecer espontáneamente grandes grupos de personas con escudos elaborados con anticipación, gente encapuchada que organizaba las protestas y la destrucción de los bienes del Estado.


Esta parte es la que debe ser mayormente investigada, pues se ha explicado que son consecuencias de la preparación de hace algún tiempo y prueba de ello son las prácticas que se realizaban, cuando el dirigente Collahuazo decía que era un simple picnic.


La destrucción de instituciones del Estado como la Contraloría General del Estado no puede ser un hecho espontáneo; no puede ser algo que se presentó sin la debida planificación; al contrario, los comentarios señalan que eso estuvo plenamente planificado para causar daños, destrozos y eliminar documentos.


Sea como sea, esos momentos que vivió el Ecuador no pueden repetirse, el Estado debe estar atento a nuevas manifestaciones, controlarlas debidamente, sin negar el derecho al reclamo que tiene el pueblo.


Derecho al reclamo y a la protesta, nadie tiene derecho a la destrucción, peor aún cuando se trata de bienes del Estado. Hay que respetar los bienes que son de todos los ecuatorianos. Hay que sabe reclamar y expresar criterios contrarios a los oficiales.


Esas investigaciones no pueden quedar en el camino, deben avanzar hasta llegar a concretar quiénes fueron los responsables; el vandalismo no es parte del proceder de la mayoría de ecuatorianos.


Este es el tema que nos dejó el 2019 y las respuestas no deben tardar, las investigaciones deben entregar resultados objetivos; deben hacernos conocer realmente cómo sucedieron los hechos y acontecimientos acompañados de vandalismo, destrucción y daños que nunca pudieron ser espontáneos. (I)