El reguero de corrupción en nuestro país no para, a pesar de los esfuerzos que realizan algunos sectores; cada vez se conoce de hechos y acontecimientos reñidos con las normas legales que involucran a muchas personas que tenían un importante perfil.


Uno de los escándalos que ha llamado poderosamente la atención es lo que ha sucedido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha sido la ‘caja chica’ de varios gobiernos, especialmente el de la década desperdiciada.


Como es de conocimiento público, uno de sus máximos directivos, candidato vicepresidencial, se encuentra prófugo de la justicia, a la que debe responder por varios delitos de los que se le acusa.


Una de las más cercanas colaboradoras de aquel directivo prófugo de la justicia también ha sido encausada por varios actos de corrupción que han sido investigados, la referida funcionaria se encontraba privada de la libertad, pagando las condenas impuestas por los jueces.


Se hablaba de que dicha funcionaria saldría en libertad; sin embargo se dijo también que no había cancelado la multa que se le impuso en uno de los casos que se le investigó y se la sentenció; la funcionaria sigue tras las rejas.


En esta marea de corrupción, la referida funcionaria tiene otro caso de corrupción por el que debe responder, pues ha sido acusada por la Secretaría Anticorrupción, organismo del Estado que cumple diversas investigaciones.


En esas investigaciones se determina que de la documentación presentada se revelaría una trama de corrupción relacionada a la importación de fármacos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.


La denuncia presentada ante la Fiscalía es por peculado en contra de la exdirectora del hospital CAM y ex coordinadora nacional del IESS, que se encontraba detenida y sentenciada por otros delitos, cuando cumplía esas funciones.


La actual acusación tiene que ver con indicios de un mal uso de recursos públicos y la autorización por parte del Comité Técnico, liderado por la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.


La denuncia tiene que ver con una trama de corrupción relacionada con la importación de 90 especies de fármacos para el IESS durante el 2012; esta importación habría sido autorizada por el presidente de la institución de ese entonces, hoy prófugo, con un presupuesto de 42 millones de dólares.


De darse el presunto peculado, esta sería una grave lesión a los derechos de la salud de los afiliados, pues el dinero que presuntamente tuvo un fin hasta ahora desconocido ha salido de los mismos aportantes.


Un nuevo acto de corrupción en nuestro país, un nuevo escándalo en el que se involucra a funcionarios del régimen de la década desperdiciada, que no han tenido ninguna prudencia para cometer los más diversos actos de corrupción en contra del pueblo al que decían defender.(O)