Cuando parecía que ya todo se había dicho sobre los escándalos que se produjeron en el régimen anterior, el de la década desperdiciada, aparecen nuevas denuncias, esta vez respecto de sobreprecios en varias obras vinculadas a los complejos judiciales en diversas ciudades.

Estas denuncias -que se realizaron hace pocos días- vienen de organismos nacionales respetables, vienen como consecuencia de un trabajo realizado por el Consejo de la Judicatura transitorio, luego de un estudio responsable.

Claro que como en otros casos de corrupción que han sido denunciados, no dejan de manifestar -los posibles culpables y responsables- que son perseguidos políticos, que están siendo perseguidos por varias instituciones.

Ahora claro, deberán pronunciarse la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General, organismos que deben redoblar esfuerzos para cumplir con sus obligaciones de acuerdo a las normas establecidas.

Entre las denuncias realizadas por el Consejo de la Judicatura transitorio se encuentra el complejo judicial de nuestra ciudad; se habla de que hay un sobreprecio que supera -nada más ni nada menos- los cinco millones de dólares.

Y para ponerlo en cristiano ustedes se han de acordar que en esas épocas, de la noche a la mañana vinieron y se pusieron a trabajar en la repotenciación o restauración del edificio de lo que siempre se llamaba la Corte Provincial de Justicia.

Se hablaba en esos años que en nuestra ciudad se necesitaba la construcción de un nuevo hospital, pero el gobierno creyó conveniente realizar una ‘repotenciación’ del hospital en una zona de alto riesgo.

Entonces en un caso se hizo una repotenciación y en otro caso una restauración, sea como sea, se invirtieron millones y millones y ahora se habla de sobreprecios y se habla de investigaciones y de sanciones.

En este asunto del edificio de la Corte el trabajo se realizó sin mayores expectativas, sin mayor planificación, ni proyección; ahora la Corte o el poder judicial tiene que arrendar un edificio entre las cales Belisario Quevedo y Guayaquil.

Entonces, muchos se preguntan que si tenían los recursos por qué no hicieron las cosas debidamente, con una proyección a cinco o 10 años y teniendo un edificio ‘repotenciado’ al máximo, deben arrendar otra edificación.

Así las cosas sorprende, por decir lo menos, que los contratos para la ejecución de obras, para la restauración o remodelación, han sido los espacios adecuados para los sobreprecios y para ‘el lleve’, como dice nuestro pueblo. Edificio que no tiene los debidos permisos y tampoco ha sido entregado oficialmente.

Ante esta realidad es de esperarse que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y se conozca a los autores de este nuevo atraco a los fondos de todos los ecuatorianos.(O)

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