Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, se va acabando el tiempo para el que fue designado; y aún quedan algunas cosas importantes por resolver.


En estos días se producirán una serie de pronunciamientos respecto de los profesionales del derecho que están participando en los respectivos concursos y no todos están de acuerdo.


Hay voces que señalan que no se han cumplido importantes protocolos para la selección de quienes aspiran a importantes organismos como la Corte Constitucional y luego para el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deberá ser elegido por el pueblo.


Como sucede en estos y otros casos hay voces que se levantan para señalar que no se están cumpliendo las normas establecidas, mientras que una gran mayoría de ecuatorianos respaldó decididamente al titular del Consejo, Julio César Trujillo.


Estas acciones para los concursos y las designaciones se derivan de la Consulta Popular que se realizó en febrero del año pasado; es decir tiene como fuente primaria la voluntad popular y se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios.


Mientras que para una gran mayoría de ecuatorianos ha quedado claro que de lo que se trata es de desmontar en algo la gran estructura creada por el régimen de la década desperdiciada, aunque muchos de sus elementos aún se mantienen.


Entonces, esos procesos deben continuar a pesar de lo que se diga en su contra; lo que hay que tener es mucho cuidado para no salirse de las normas establecidas y no dar ningún motivo para el comentario negativo.


Alguno de los participantes que no alcanzó las instancias finales luego de las pruebas y las calificaciones, señalaba que la Corte Constitucional está siendo escogida por la Comisión Calificadora. No por un concurso transparente.


Esas voces de personas involucradas con el régimen de la década desperdiciada y que al no contar con el puntaje requerido, no tienen más que hablar mal del concurso en el que estaban participando.


Entonces, lo que el país necesita más allá de concursos, calificaciones y designaciones, es el hecho de contar con personas de altos niveles académicos, morales, éticos y con una predisposición comprobada de servir a los demás y a la patria en general.


El trabajo de la Comisión debe seguir con la misma decisión, en función de los intereses nacionales, para que de una vez por todas la justicia sea separada del ejecutivo, como no sucedía en la década perdida.


Hoy más que nunca se necesitan organismos integrados por profesionales de altos quilates, con una honestidad y honradez a toda prueba; solamente así saldremos de la telaraña que nos dejaron; mientras, debemos dejar los mejores caminos para quienes vendrán.(O)