En el marco de las investigaciones y de muchos casos involucrados con la justicia, todo se puede justificar, aunque parezca increíble, hay argumentos para todos, para los acusados y para los acusadores.


Cuado se trata de temas muy graves, difíciles y que han ganado grandes espacios en las redes sociales sobre algún hecho o acontecimiento, aparecen las justificaciones y nadie quiere quedar mal.


Esa es la verdad, mientras una gran mayoría sabe que alguna persona cometió un error, una falta grave o un delito, es culpable de ese hecho por las pruebas y los argumentos, hay otros sectores que argumentan lo contrario.


Y quienes defienden a los posibles culpables lo hacen con argumentos convincentes, lo hacen con principios de inocencia, con bases sólidas de pruebas que a la gran mayoría ni se le pasó por la cabeza.


Entonces quien o quienes aparecían como los culpables, luego de los argumentos, la defensa y las pruebas, aparecen como inocentes y sus acusadores salen acusados; así las cosas, hay ciudadanos que no salen de su sorpresa.


Eso sucede en nuestro país -lo dijimos hace pocos días-, que es el campeón de las investigaciones, se pasan los meses y años en investigaciones y las causas no caminan y no llegan las sentencias.


En el Ecuador estamos viviendo una situación que no se presenta todos los días, quien participó en un concurso público para ser miembro del quinto poder del Estado, ahora está cuestionado y enjuiciado, luego de haber alcanzado la presidencia de ese importante organismo.


Se entiende -a todas luces- que durante el concurso debió haber presentado la documentación correspondiente, certificada, sellada y lacrada, con todas las de Ley, que hubo personas probas que calificaron esos papeles.


Pasan las semanas y luego de que esta persona llega a la presidencia de ese importante organismo comienzan a salir a luz una serie de errores y equivocaciones; una serie de actos reñidos con la Ley.


La población comienza a saber que quien participó en el concurso habría falseado algunos documentos que no tenían ningún valor, esa persona no podía ni siquiera ser candidato y fue calificada.


Es un gran escándalo -de los que aparecen cada semana- y consecuentemente nos damos cuenta de que la corrupción está en todos los niveles de nuestra sociedad y hay que seguir una lucha tenaz contra un gran fantasma demoniaco.


Quienes calificaron los documentos, quienes revisaron los papeles, quienes sabían que una persona directamente vinculada a la iglesia como sacerdote no podía participar en este concurso, ahora no saben nada, le echan la pelotita a otra persona. Hechos tan evidentes no deben salvar a nadie de su responsabilidad y de las sanciones del caso.(O)