Se hablaba, durante la década desperdiciada, de la igualdad de oportunidades, de la participación democrática, de actuaciones ceñidas a las normas establecidas y que se impediría por todos los medios la concentración de poder y los monopolios.

Eso dijeron y repitieron reiteradamente, se hablaba de evitar que una persona concentre el poder de los medios de comunicación, que los medios sean los más democráticos y lleguen a los más diversos sectores a través de las comunidades.

Sin ningún sustento legal se repartió el espectro radiofónico y los medios en general, el 33% para el estado, el 33% para el sector privado y el 34% para los sectores comunitarios.

Entonces se convocó a un concurso para otorgar permisos de operación en 1472 frecuencias; ese concurso, desde el inicio tuvo duras críticas de amplios sectores pues se manifestaba que no estaba cumpliendo con las normas legales.

Una de las críticas tenía que ver con la situación por la que se dejaba la puerta abierta para concentrar las frecuencias en personas particulares y en empresas, en detrimento de otros sectores que no podía acceder a esas frecuencias.

Las críticas continuaban, pero los organizadores de los concursos quienes dirigían la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, seguían con esos concursos “amañados” según se ha señalado en varias ocasiones.

Pero como no hay mal que dure cien años, la Contraloría se ha encargado de realizar un examen respecto del concurso para la entrega de frecuencias y se han encontrado una serie de novedades.

Hay algunos asuntos que deberán ser clarificados y explicados detalladamente; entre las novedades encontradas se manifiesta la posibilidad de concentrar frecuencias en personas particulares, entre otras.

Se habla, por ejemplo, según el examen de la Contraloría que no se estableció un plazo para que el Cordicom emita su informe vinculante en el concurso, lo que dejó la puerta abierta para que se cometan irregularidades.

Se dieron hechos que violentaron la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica de los participantes en el concurso. El proceso llevado adelante por Arcotel “dejó abierta la concentración de frecuencias”.

La Contraloría señala además que el organismo no cumplió las atribuciones que tenía para impedir la transferencia de acciones o el cambio de representantes legales de los concursantes; al respecto se habla de acomodos por intereses personales.

En definitiva, según el informe de la Contraloría quedan muchas dudas de las actuaciones que han tenido los funcionarios de esos organismos respecto de los concursos para la adjudicación de las frecuencias, que se deriva de la Ley de Comunicación criticada desde cuando se analizaba su aprobación.(O)

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