La mayoría de ecuatorianos están a la expectativa de lo que puede suceder en los próximos días, ante los problemas de denuncias de corrupción, de audios y grabaciones sobre hechos que marcaron la última década de nuestra historia.

Se habla que por fin la Asamblea Nacional decidió, por mayoría de votos, llamar al pleno de ese organismos a funcionarios como el Fiscal General de la Nación y al mismísimo presidente de la Asamblea Nacional para que respondan y expliquen lo de los audios difundidos en los últimos días.

Lo que sucede en nuestro país no es común en otros países de nuestro continente y del mundo entero. Que el mismísimo presidente de la Asamblea Nacional, uno de los poderes de un Estado democrático, mantenga conversaciones con un excontralor que se encuentra sentenciado y prófugo de la justicia.

No se puede dar todos los días este tipo de comportamiento, los aludidos dirán que ellos puede hablar con quien crean conveniente, es posible, pero deberán explicar cuando se trata que el interlocutor es nada más ni nada menos que un exalto funcionario prófugo de la justicia.

Y no solamente eso, sino que además se habla de acuerdo y de sacar del camino nada más ni nada menos que al Fiscal General del Estado, que según ellos tampoco ha cumplido los acuerdos.

Y los ecuatorianos de a pié nos preguntamos de qué se tratan esos acuerdos, sobre qué temas se hicieron esos acuerdos, desde cuándo mantienen acuerdos, a quiénes benefician los acuerdos y decenas de preguntas más.

Si llegaron a acuerdos es que los tres estuvieron de acuerdo, el Fiscal General, el titular de la Asamblea Nacional y el excontralor del Estado, nada más ni nada menos que los más altos funcionarios de un Estado.

Ante estos hechos y acontecimientos, lo menos que debió hacer la Asamblea es llamarlos a que expliquen esos comportamientos y expliquen detalladamente de qué tipo de acuerdos se trata y si esos acuerdos benefician al país.

Si esos acuerdos son a favor de la gran mayoría de ecuatorianos, de los de a pie, de los del pueblo, de lo que sobreviven con un dólar diario. Si esos acuerdos son para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y para mejorar los servicios que ofrece el Estado y el gobierno.

Puede ser que esos acuerdos hayan sido para bajar los impuestos en el país y beneficiar a los que menos tienen, que el que más tiene más pague. Que la construcción de las casas se realicen a un ritmo mucho más rápido y llegar con las ofertas a los que más necesitan.

Y si esos acuerdos eran para derogar la Ley de Comunicación, la ley mordaza y en su reemplazo aprobar en la Asamblea una Ley que favorezca la plena libertad de expresión, que beneficie a la mayoría de ecuatorianos y a los periodistas y medios de comunicación.

Y si esos acuerdos fueron para profundizar y agilitar el proceso de fiscalización en contra de la más grande corrupción que se han asentado en nuestro país en las últimas décadas. Eso sería para premiarles, para ofrecerles y honoris causa, para hacerles merecedores del premio Eugenio Espejo y mucho más. Quién sabe!(O)

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