Hace más de un año y medio el Consejo de la Judicatura anunciaba que en la construcción de varios complejos judiciales en diversas ciudades del país, se habrían detectado sobreprecios que deben ser investigados.


Se habló de que el Consejo de la Judicatura transitorio denunció ante la Fiscalía y la Contraloría estos actos ilícitos, para que sean investigados, se conozca a los culpables y se sancione de acuerdo a la Ley.


Ante estos hechos, en septiembre de 2018 el asambleísta Jaime Olivo y la exasambleísta Lourdes Tibán denunciaron -una vez más- esta situación y que frente a las denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía, debe conocerse a los culpables.


En esa ocasión señalaba que la Fiscalía y la Contraloría son las instancias encargadas de iniciar un proceso investigativo, de esclarecer los sobreprecios en la construcción de los complejos judiciales, entre los que se encuentra el de Latacunga.


Se mencionaba que de las primeras investigaciones se conoce que el complejo de Latacunga fue construido con un monto de 7 141 666 dólares, cuando en realidad debió costar 1 999 660,88 dólares.


Analizados los rubros se establece que la diferencia es de casi cinco millones de dólares de sobreprecio, a dónde fueron a dar esos recursos es lo que se debe investigar, se debe insistir para dar con los culpables.


“Estamos asombrados de que el complejo judicial de Latacunga tenía un costo de 2 000 000 de dólares, y que se hayan llevado 5 000 000 de dólares es una burla para la provincia, por ello vamos a exigir que las instancias respectivas realicen las investigaciones y den con los culpables”, aseveró Olivo.


Mientras que la exasambleísta Lourdes Tibán dijo que no le sorprende la denuncia de sobreprecios en la construcción de varios complejos, entre ellos el de Latacunga, en el que existe un sobreprecio de cinco millones de dólares.


Tibán habló de obras como las escuelas del Milenio; la compra de la casa de la Fiscalía, construcción de la cárcel y otras, añadiendo, los cotopaxenses no nos podemos imaginar cuánto será el perjuicio existente en las diferentes construcciones ejecutadas en Cotopaxi.


Han pasado los meses y los años y nada se conoce respecto del Complejo Judicial y de otras obras ejecutadas en nuestra provincia; ahora será conveniente que el asambleísta Olivo y los otros asambleístas nos hagan conocer lo que han hecho para que se investigue y se conozca a los culpables, como parte de su obligación de fiscalizadores.


No puede quedar en el silencio tanto sobreprecio, tanto latrocinio, tanto robo, deben haber culpables y se los debe identificar y para ello están nuestros asambleístas, sería bueno que nos informen qué han hecho al respecto.


Lo único que se conoce es a través de comentarios, de conversaciones en las que no se puede establecer claramente pronunciamientos oficiales o documentos que demuestren quienes son los culpables, por eso la capacidad fiscalizadora de los asambleístas podría permitirnos conocer a los culpables de estos actos de corrupción.(O)