A pesar de conocerse el nombre del ciudadano que  será el representante del ejecutivo en nuestra provincia, no se sabe nada respecto de los cambios que deberán operarse en las instituciones del estado, a nivel de ejecutivos, técnicos, directores y jefes de las distintas dependencias.

Seguramente en los últimos días, el equipo de trabajo cercano al nuevo Gobernador, estaba trabajando precisamente en elaborar la lista de personas que serán consideradas a las diversas funciones de las instituciones públicas.

Lo que queda claro es que el representante del ejecutivo en nuestra provincia manifestó -desde hace varias semanas- que debería producirse un cambio total de autoridades, desde los tenientes políticos hasta los directores provinciales.

En este ambiente se produce la noticia más importante de los últimos años, los allanamientos para investigaciones en lo que respecta al caso Odebrecht, por el que algunas personas, funcionarios del anterior gobierno han sido detenidas.

No se sabe si esta actuación de la Fiscalía, la justicia y la policía, vaya a cambiar las acciones que se debían tomar en función de la administración pública de la provincia; de todas maneras algunas personas no se recuperan del remezón.

Lo cierto es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, la administración pública local y provincial deberá seguir su curso, tomar los correctivos de ser del caso y enrumbar las acciones a los planteamientos y al programa del presidente Moreno.

Sin embargo, el asunto de los allanamientos  para investigaciones del caso Odebrecht, es el que ha acaparado los más diversos comentarios de los ecuatorianos, en la casa, en la familia, en la calle, en los taxis, en los buses, en los  eventos públicos, en las reuniones  sociales, se habla de esa terrible lista.

Lo que muchas personas manifiestan es que las cosas estuvieron preparadas y coordinadas de tal manera que no afecten el proceso electoral que acaba de vivir el Ecuador, pues  si esta noticia se sabía antes de ese proceso, las cosas habrían cambiado                     radicalmente.

Ahora, el presidente Lenin Moreno ha expresado claramente que está prestando todo el respaldo a la Función Judicial en la lucha contra la corrupción. Como es de dominio público, una de las primeras acciones del presidente ha sido la de designar una Comisión  Anticorrupción.

En realidad, lo de la empresa brasileña es un asunto que el pueblo reclamaba respecto de conocerse los nombres de los involucrados y quienes recibieron los sobornos por más de 33 millones de dólares.

Con las detenciones se espera que se conozca toda la trama de estos delitos que  en realidad avergüenzan  al país; además de crear un ambiente  pesado, pues en algunos casos los involucrados fueron parte del régimen de Correa.

Ahora no nos toca más que esperar para que las cosas se vayan aclarando, para que las investigaciones se realicen con la claridad necesaria para conocer  a los responsables del mayor escándalo económico en la historia de nuestra país, mientras esperan para posesionarse los nuevos funcionarios de Cotopaxi.(O)

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