El 9 de octubre de 2019, fecha en que se conmemoran 199 años de independencia política de Guayaquil, coincidió con la crisis política nacional más aguda de los últimos tiempos. No entendemos en qué momento, nuestra frágil democracia perdió la capacidad de diálogo, que produjo una confrontación llevada a las calles, con posiciones indeclinables por parte del Gobierno de Lenín Moreno y del pueblo indígena por otro. Minuto a minuto, se distancian las posiciones y se eleva el grado de agresividad, justificando cada bando por la agresividad del otro.
La Constitución de Montecristi, que ya tiene 11 años de vida, garantiza el derecho a la libre expresión de todos los ciudadanos, sin distingo de clases, así como el derecho a la “resistencia” que, mal redactada, deja un espacio ilimitado para que los supuestos afectados en sus derechos, sean quienes juzguen el atropello y “de facto” resistan legalmente al cumplimiento de la orden emanada por autoridad competente en materia legislativa, ejecutiva, seccional u otra. Posiblemente este sea el origen del desgobierno que legalmente puede producirse, y la causa para que sectores sociales adopten medidas extremas de desobediencia, con las consiguientes consecuencias.
La biógrafa británica Evelyn Beatrice Hall acuñó la frase: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Esta es la regla fundamental de la convivencia pacífica y racional, que en muchas ocasiones es difícil de respetar. El derecho universal de libertad, no puede invadir la libertad de otros miembros de la sociedad. Más aún, cuando se trata de un grupo organizado, numeroso y respetable como el sector indígena, que siente amenazadas sus justas aspiraciones de alcanzar un mejor nivel de vida, por la derogatoria de los subsidios en gasolina y diésel, por afectar la cadena de producción de todos los bienes y el transporte, especialmente.
En el marco de esta tolerancia, cabe reflexionar sobre la decisión de declararse en PARO por parte de la CONAIE y otros grupos, esencialmente políticos, que se han subido a la camioneta con ocasión de la próxima elección presidencial. Esta decisión ha sido impuesta a todos los sectores de la población, especialmente las actividades productivas agrícolas, comerciales, industriales, turísticas, etc. y a las personas que laboran en ellas. ¿Acaso esta decisión no se extralimita al derecho de libre expresión que consagra la Constitución? Lo cual, penosamente, ha ocasionado daños irreparables a la población de Cotopaxi, especialmente, que ha quedado atrapada injustamente entre el fuego cruzado entre las partes en discordia, a pesar de no tener ningún grado de responsabilidad en la eliminación de los subsidios.
Han transcurrido NUEVE eternos días de incertidumbre y zozobra para todos los habitantes del Ecuador, y mucho más para las provincias de la Sierra Central, que tiene la más alta población indígena. Las débiles economías provinciales han recibido un fortísimo e irreparable impacto social y económico, que sin duda no abona en favor de la causa, más allá de llamar la atención del Gobierno Central sobre la población, que ha quedado en calidad de rehén de quienes demandan la derogatoria. No cabe duda que la población apoya el derecho al reclamo e inclusive favorecería que se mantenga el subsidio en su favor, pero con seguridad discrepan la forma en que tratan de lograrlo.
Las diferencias se han profundizado, en medio de agresiones de ambos lados que han causado, con mucho pesar, un muerto, heridos, daños materiales y terror en los pobladores que se sienten acorralados por sus propios compatriotas. Apelamos a la sensibilidad de la CONAIE para que, como se hace en los más encarnizados combates en el mundo, SE DECLARE UNILATERALMENTE UNA TREGUA.(O)