Me ha llamado mucho la atención, que a mediados del año 2013, la Secretaría del Agua había publicado un estudio técnico en donde concluye que el 65% de los ríos del país que se encuentran debajo de los dos mil metros sobre el nivel del mar tienen agua que no es apta para el consumo humano, si, así como lo leen, “NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO”, ya que, el agua de los ríos está saturada de metales pesados y excrementos humanos, es decir, hace más de seis años, las autoridades nacionales, provinciales y cantonales de toda índole, conocieron un documento técnico irrefutable que delataba la contaminación de agua de los ríos del país, estadística que va en constante crecimiento desde hace más de tres décadas ¿A quien le corresponde controlar?, es evidente que ha fallado rotundamente el control sobre quienes contaminan, sin importar quienes son, esto en razón que las cifras de contaminación en agua, suelo y aire acrecientan silenciosamente año tras año.
¿Quiénes son los responsables del control?, varias entidades públicas de diversos niveles ostentan hermosos membretes, no obstante, ninguna se mezcla con otra o asume la responsabilidad compartida, peor aún, su obligación ineludible, de hecho, en la provincia hay varias entidades públicas que están obligadas al control del ambiente y la contaminación; el Ministerio del Ambiente tiene una dirección provincial, hace pocos años el Consejo Provincial asumió una acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. El municipio de la ciudad no se queda atrás, ya que tiene su departamento de control ambiental. Seguramente estas entidades publicas de distinto rango disputan entre sí sobre quien es la mejor “ENTIDAD DE CONTROL” o posiblemente el forcejeo entre estas entidades públicas se basa en quien controla menos, sin olvidarnos que la Gobernación también entra en la jugada; ya que, es la oficina del Gobierno en la provincia, y como Gobierno también le corresponde el control, por otra parte, la Secretaría del Agua también tiene por allí una Dirección provincial en alguna de las oficinas en donde hay bastante párvulo servidor público responsable de garantizar la calidad del agua de los ríos.
Si hubiese la posibilidad de sentarlos en una mesa de tertulia para consultarles los logros del control sobre la contaminación en la provincia y el cantón, a mansalva habrá respuestas muy pulidas relacionadas con el ámbito del control y la competencia exclusiva de cada entidad, es decir “Churi churin fun flais”
¿El control sobre la contaminación de los ríos ha fallado?, la respuesta está en los ríos contaminados, además que ya es común que una autoridad pública evada su responsabilidad o competencia ordenada por la Constitución o leyes en materia de control ambiental o agua, excusas y más excusas, sin embargo, es una obligación ineludible de una autoridad nacional, provincial o cantonal disminuir la contaminación de toda clase, entonces, si quienes deben controlar, no controlan, y quienes debemos respetar, no respetamos, la pregunta es simple ¿Hacia donde vamos?, directo hacia nuestra propia destrucción.
¿Qué es el control ambiental?, es un conjunto de medidas legales y técnicas que son necesarias para limitar o evitar cualquier tipo de cambio que afecte el estado natural del suelo, agua o aire; consecuentemente disminuye los riesgos para a la salud humana, es decir, el verdadero control conjuga la inspección, vigilancia y aplicación de la Constitución, leyes y ordenanzas en esta materia, se incluyen inventarios, muestreos y censos que permiten evaluar el pasado para proyectar el futuro.
Al haber fracasado el control, fracasaron al mismo tiempo, todos aquellos individuos que estuvieron al mando de cualquier institución pública inmersa en esta responsabilidad, provocando así, una marcada vulneración a los derechos individuales y colectivos de las personas; esto, con la mirada impávida de todos quienes hacemos el conglomerado ciudadano, al parecer, es tiempo de reaccionar y pensar en que debemos exigir el cumplimiento de nuestro derecho sobre el agua, que constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público y esencial para la vida, el derecho a los ambientes sanos, libres de contaminación y otros que sustentan el buen vivir.
¿Quién podrá defendernos?, todo apunta a que debemos pensar en una acción de protección para alcanzar un amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, la carta magna es clara al ordenar que una acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Solo resta organizarnos para exigir lo que nos están negando.(O)