Un año atrás el Gobierno emitía el Decreto Ejecutivo 883, por el cual se eliminaban los subsidios de los combustibles. Una resolución que no había sido ampliamente socializada y que desencadenó una crisis social sin precedentes. 

De la simple y justa protesta se pasó en un abrir y cerrar de ojos a hechos de violencia que tenían la clara intención de desestabilizar al gobierno. El caos reinó en el país y actos vandálicos se dieron en todo el territorio nacional, especialmente en la capital que durante once días vivió una verdadera guerra campal, la quema de la Contraloría General del Estado o el ataque a importantes medios de comunicación, daba cuenta de que atrás de los hechos violentos había una clara intención política.

Cotopaxi no se libró de las manifestaciones, el aparato productivo local fue paralizado a la fuerza, trabajador que quería laborar era brutalmente golpeado y hubo casos concretos en los que manifestantes enardecidos intentaron irrumpir en fábricas, florícolas y demás para obligar suspender actividades.

Se estima que las pérdidas ocasionadas por la paralización llegaron a 2300 millones de dólares en el territorio nacional. 

A un año de los hechos se puede decir, que no hay un ganador, la ingentes pérdidas ocasionadas agudizaron más la crisis económica nacional, rematada por la crisis sanitaria que obligó a otra paralización forzosa del aparato productivo, las consecuencias están a la vista, las cifras del desempleo ahora son insostenibles.(O)