La mañana del sábado quince de agosto de 2015 quedó tristemente marcada en la vida de los latacungueños y su recuerdo despierta la sensación de inseguridad, temor ante lo desconocido y angustia por no conocer la forma en que debemos actuar en esos momentos. Aparte de las secuelas económicas que nos dejó la FALSA ALARMA DE ERUPCIÓN DEL COTOPAXI, cuyos efectos subsisten hasta el presente.

Sin embargo, esa vivencia tan desagradable y frustrante no puede ser solamente repudiada. Necesitamos entender lo que pudo haber ocurrido, para lo que NO estuvimos, ni estamos preparados. A cuatro años del episodio, es prudente recapacitar sobre los riesgos que enfrentamos por vivir en el hermoso valle de Latacunga.

Los riesgos naturales pueden y deben ser evaluados antes de que ocurran, para ser GESTIONADOS. Esto incluye comprender cuáles son estos, donde se ubican, que efectos pueden producir, y todo lo que permita actuar de forma oportuna para reducir al mínimo posible los daños que puedan causar a las personas y los bienes materiales. Para lograrlo, se debe tomar medidas preventivas y construir un plan de acción que nos prepare para antes, durante y después del evento previsto.

En 2015 estuvo vigente el MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, que establecía que los diferentes niveles de Gobierno debían organizarse, por medio del Comité de Gestión de Riesgos (CGR), que se convertiría en Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en el momento en que ocurriera el evento, organizado en ocho mesas especializadas de trabajo. Existía un CGR provincial y otro cantonal, presididos por el Gobernador y Alcalde, respectivamente. Empezaron a funcionar desde abril 2015 en que se recibieron las primeras alarmas de reactivación del volcán. Avanzaron lentamente a nivel provincial y no funcionaron a nivel cantonal.

Por múltiples ocasiones se alertó en estas mesas sobre la necesidad de hacer los estudios especializados, que permitieran cuantificar los posibles flujos de lahares y construir una AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS, como lo disponía el Manual. Se demandaba la presencia del Gobierno Nacional para afrontar este nivel de riesgo que superaba las capacidades de los gobiernos locales. Pero nunca se dieron oídos, por lo que apenas en febrero 2018 el Municipio contrató estudios de flujos de lahares, y resolvió sobre el uso de suelo en febrero 2019, dejando la “obligación” para que la siguiente administración contrate los complementarios estudios de vulnerabilidades y posible mitigación de riesgos, como debe ser.

Esta breve reseña demuestra la incapacidad de la burocracia local y nacional, para enfrentar la amenaza que representa la presencia de nuestro hermoso volcán. Esta historia corre el riesgo de continuar, si no cambia la actitud de los gobernantes, que deben enfrentar con responsabilidad este y otros riesgos naturales que nos amenazan. El COOTAD determina que la gestión de riesgos debe realizarse de forma CONCURRENTE con el Gobierno Nacional, pero lamentablemente ni siquiera lo hemos convocado para que nuestro Municipio afronte con solvencia lo que por sí solo no lo puede hacer. Esta falta de acción causa incertidumbre a los habitantes, que deberían conocer si proceden obras de mitigación de riesgos o en su defecto su reubicación en zona segura, a costo del Gobierno Nacional.

La ciudadanía tiene derecho a recibir la oportuna intervención de las autoridades competentes para prevenir los daños que puedan causar eventos adversos, a los que estamos expuestos. No podemos seguir esperando que se despierte el coloso antes que la burocracia. Debemos exigir un tratamiento serio y responsable desde el Presidente de la República hasta los niveles locales de gobierno, para que de una manera coordinada y MONOLÍTICA retomen el trabajo de prevención. ¡GESTIONEMOS LOS RIESGOS! (O)