Los ciudadanos escuchamos frecuentemente hablar de la obesidad del Estado ecuatoriano, como uno de los problemas económicos que nos aquejan. El Ecuador está organizado en cuatro niveles de gobierno: nacional, provincial, cantonal y parroquial. El quinto nivel de gobierno, regional, está creado pero no está implementado. El gasto público es toda erogación que NO tiene como contraparte una “inversión” como pueden ser hidroeléctricas, proyectos de riego, infraestructura, etc. que permiten recuperar lo invertido a través del servicio que brinden.
Una buena parte de este gasto, es el pago del “talento humano” que contratan estos niveles de gobierno. Así se configura la nómina que deberán pagar preferentemente a cualquier otro gasto, pues se trata de Derechos adquiridos irrenunciables, so pena de fuertes sanciones pecuniarias para los funcionarios que no las cumplan. Así que, aunque no hubiera dinero para pagar las obritas, nunca puede faltar el pago de la burocracia. Siendo estos Derechos irrenunciables, la primera consecuencia es que no se puede prescindir de los servicios de quienes ostentan “nombramiento” supuestamente adjudicado previo concurso de merecimientos, so pena de destitución del funcionario que lo conceda sin este requisito. Caso de desvincularse a una persona contra su voluntad, el costo para la institución sería sumamente elevado, pudiendo fácilmente superar $80.000 por persona.
Por esta razón, la contratación pública, asimila a una relación “vitalicia” que no tiene límite de tiempo, y está sujeta a la terminación de común acuerdo exclusivamente en caso de renuncia voluntaria del empleado. Mirada así la situación, es fácil advertir que, difícilmente los empleados beneficiados con el puestito vitalicio, van a pensar en renunciar y dejar espacio para jóvenes que esperan una oportunidad. Por esta sencilla razón la “sensibilidad” del mandatario de la década corrupta inventó un “bono” para los maestros que se acojan voluntariamente a la jubilación, muy aparte de los derechos de cesantía y pensión jubilar que les correspondían. Este jugoso bono escondía la verdadera pretensión de abrir 10.000 nuevas plazas de trabajo para cumplir con las ofertas de campaña sobre la generación de empleo y beneficiar especialmente a los jóvenes adeptos al movimiento político del generoso mandatario.
La creación de ese Derecho se extendió, por presión política, de forma “retroactiva” hacia maestros que se habían acogido voluntariamente a la jubilación en años anteriores. La sumatoria de los grupos beneficiados, generaba gastos no financiados por más de 2.000 millones de dólares. Esa es la razón por la que tuvo tanto problema el gobierno actual para pagar esa demagógica dádiva, que creó derechos sin financiamiento. Pero, no se preocupen, que la cuenta nos llega a los ecuatorianos, más temprano que tarde, para agravar la escuálida situación Fiscal.
La moraleja es “todo el gasto público lo paga el pueblo”. La “generosidad” del mandatario no pasa de firmar los compromisos de pago que se convertirán en derechos irrenunciables y deberán ser pagados a como dé lugar, por el mandatario de turno, metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, debemos tener conciencia que las decisiones forzadas políticamente al mandatario, son imposiciones al pueblo, que verá mermados sus recursos para atender sus necesidades básicas.
La misma trágica historia se vive en los otros niveles de gobierno. Aunque para facilitar la ubicación de los adeptos de los Alcaldes y Prefectos, se han “inventado” contratos, que evitan el concurso y pueden ser terminados, siguiendo el debido proceso, en cualquier momento por voluntad de la institución. Aunque sería una demostración “mínima” de decencia que presenten su renuncia voluntaria para irse a su casa detrás de quien les dio el inmerecido carguito. ¡Habiendo decencia…! (O)