Un apacible día sábado quince de agosto, hace ya tres años, la ciudadanía se alborotó al ser forzada a evacuar las riberas del río Cutuchi, por orden emanada desde las alturas del poder, que se encontraba aun sufriendo las consecuencias de una noche “cultural” en Pimampiro, provincia de Imbabura, donde había tenido lugar el gabinete itinerante y se disponía a emitir la “sabatina”.

Al recordar esta fecha oprobiosa para Latacunga, los habitantes buscan encontrar culpables y esperan que alguien se responsabilice de los daños causados. Sería justo y necesario poner las ideas en orden, sobre este tema, para que no siga flotando esta indignación que todos sentimos. La tarde anterior se escucharon un par de explosiones que arrojaron nubes obscuras. Este era el corolario de un proceso que se inició hacia mediados de abril del mismo año, como lo advirtió el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Siguiendo el manual de gestión de riesgos, se activaron las ocho mesas reglamentarias en el CGR/COE provincial y cantonal. La presencia de las entidades públicas que las componen, era muy pobre, y el aporte técnico casi nulo. El gobernador Fernando Suárez no tenía el liderazgo que su presidencia del estamento provincial demandaba para garantizar la eficacia.

El trabajo de las mesas provinciales avanzaba lentamente. La mesa No. 6 de productividad y medios de vida estuvo inoperante por varias semanas por ausencia de su presidente. Las demás mesas tenían poca asistencia. El estamento cantonal nunca funcionó y la ausencia permanente de su presidente, el alcalde, obligó a que lo presida el jefe político, señor Augusto Dueñas. Las entidades públicas brillaban por la ausencia y los directores departamentales tenían poco interés en participar.

El tiempo corría, y la capacidad de preparación para enfrentar el peligro del volcán era mínima. La dirección zonal de Gestión de Riesgos llevó una gestión de corte político concentrada en hacer simulacros y preparar a la población para el momento en que enfrentara una erupción, olvidando el momento PREVIO Y POSTERIOR al evento. La preparación para ese escenario nos llevó a determinar la complejidad de movilizar a todas las personas fuera del área de afectación directa por lahares. No se advertía coordinación entre los diferentes entes gubernamentales que debían actuar en una evacuación. En resumen, la gestión que se realizaba estaba limitada a llenar papeles, hacer informes hacia las autoridades máximas de los ministerios y dar la idea de que la clave estaba en mantener informada a la ciudadanía y el resto vendría por añadidura. Quienes participamos por el sector privado, veíamos con angustia la incapacidad de reacción del sector público. La ausencia de juntas parroquiales, barrios, organizaciones civiles, gremios, nos preocupaba sobremanera.

Como la crónica de una muerte anunciada, el triste día, un informe de actividad del Instituto Geofísico llegó a manos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, una experta en “medición de olas” con oficina matriz en Samborondón (Pelucolandia)  que lo puso en conocimiento de sus compañeros de gabinete. Brillaron los ojos del creativo del grupo, Vinicio Alvarado, que no dudó en aprovechar la oportunidad de oro para declarar el estado de movilización y ordenar la evacuación inmediata. Así rompía el levantamiento indígena en el páramo de Romerillos.  Entregó el control de la situación al ministro César Navas, dejando anulada a la Secretaria de Riesgos. La orden de evacuación de las riberas de los ríos, fue trasmitida al gobernador Suárez, que no tuvo otra opción que cumplirla y así conservar las buenas relaciones y el puesto.

La responsabilidad de esta malhadada decisión política y antitécnica es exclusivamente de Rafael Correa y sus ministros. (O)

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