En un artículo anterior opiné sobre el reconocimiento de los gobiernos, el tema ahora constituye un asunto y un problema absolutamente distinto del que implica el reconocimiento de los Estados, pese a que en ambos casos existen aspectos similares que no pueden dejar de ser contemplados, como por ejemplo la incondicionalidad que debe caracterizarlos.

Un Estado como miembro de la comunidad internacional,  mantiene su personalidad inmutable, independientemente del gobierno que rija sus destinos, pasando la forma o característica que a este distingan, a ser cuestión de carácter político, y por ende perteneciente con exclusividad al orden interno y privativo de ese Estado.

En el mundo internacional-diplomático, las relaciones entre los Estados se verifican y conducen por medio de los gobiernos que los representan, los cambios políticos pueden ser susceptibles de influir en el mantenimiento de las relaciones oficiales entre ellos, según el interés o la conveniencia de cada cual en continuarlas o discontinuarlas.

El problema de reconocimiento de gobiernos a dado lugar a constantes debates doctrinarios, dirigidos a dilucidar el contenido del termino “reconocimiento” mismo, por el valor semántico de ese vocablo, que proporciona una  interpretación susceptible de traducirse en una suerte de juzgamiento, y por ende de intervención en los asuntos internos de los demás Estados, atentando contra el principio de que por consecuencia de los derechos emanados de la soberanía, un Estado puede darse el gobierno que  mejor le parezca. De allí que haya concluido por preferirse la fórmula de optar, mediante manifestaciones tacitas o expresas, por la simple declaración exenta de análisis, de que por parte de un gobierno existe deseo y voluntad de mantener relaciones con otro.

En relación con los Gobiernos de Facto tenemos que anotar que son producto de una inestabilidad institucional que es  característica de los Estados subdesarrollados o de Estados sin experiencia administrativa, que no han alcanzado su plena vida democrática, política y socioeconómica, generando en ocasiones  cambios de gobierno violentos e imprevistos y consecuentemente  ilegales, que acarrean consigo una alteración del orden jurídico-constitucional interno respectivo, así como la perturbación del orden jurídico internacional, en cuyo dominio el primer efecto que se produce es la interrupción automática de las relaciones con los demás miembros de la comunidad de naciones.

Particularmente el Derecho Diplomático ha debido procurar el restablecimiento de la ordenación jurídica alterada, anunciar al mismo tiempo que las formas empleadas salven el principio de no intervención. Para ello, la solución para los demás Estados consiste en abstenerse de mantener relaciones con el gobierno de facto, o en su defecto, proceder a declarar en forma tacita o expresa la continuación de las relaciones oficiales sin entrar en el examen o calificación de los hechos que puedan haber motivado el cambio político causante del problema.

La declaración expresa se efectúa cuando a una comunicación oficial del gobierno surgido de un golpe de Estado o de una revolución, notificando el hecho de la transformación política operada y solicitando la continuación de relaciones, se responde apropiadamente.

La declaración tacita es eminentemente interpretativa y por consecuencia sujeta a muchos matices. Debe además ser explicita; pero por lo mismo que hay que deducirla, los gobiernos colocados en bando jurìdico deben ser particularmente cuidadosos en sus actitudes hacia los de  facto, para evitar que se tomen  como destinados al restablecimiento de relaciones, actos en los que quizás no se contiene tal intención.

Entonces podríamos señalar que existe declaración implícita de continuación de relaciones cuando medien actitudes -que así lo dan a entender-, como por ejemplo las continuadas diligencias normales de comunicaciones, u otras que den lugar a deducirse que a los agentes diplomáticos del país incurso en la situación irregular se le sigue otorgando el tratamiento que solo corresponde a los representantes de gobiernos considerados como legítimos.

En todo caso es importante señalar que el reconocimiento de gobiernos de facto se ha guiado por posiciones más de conveniencia nacional o internacional que permiten continuar con una vida de relación de los Estados, antes que por convicciones doctrinarias, por lo cual basta comprobar que el gobierno de hecho tenga el control sobre el territorio y población del Estado y que cumpla con las obligaciones internacionales para que proceda su reconocimiento, sin embargo de lo anotado, el Ecuador sigue manteniendo relaciones normales con países como Nicaragua y Venezuela pese al evidente rompimiento de sus  democracias. (O)

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