Para recuperar lo que se han robado desde el gobierno en el Ecuador -durante los últimos 10 años-, –es a no dudarlo- “decisión política”, esta providencia requiere de firmeza, no debe incluir claudicaciones, -ni arreglos-, no debe excluir ni dar tratamientos diferentes a nadie, debe darse utilizando todos los elementos constitucionales, legales, administrativos, operativos, la asistencia y cooperación internacional, dotando por parte del gobierno a esta misión de los necesarios recursos humanos, técnicos y financieros, que permitan cumplir positivamente el objetivo nacional de llegar a esta cadena de delitos y delincuentes que saquearon los fondos públicos y la forma en que se ha intentado y se intenta ocultar. Este seguimiento e investigación debe ser público, sin claudicaciones y con información permanente del avance de gestión a la ciudadanía, a fin de que sea esta ante quien respondan de su trabajo realizado
Un paso positivo -es sin duda- la vigencia de la Comisión de Lucha Contra la Corrupción, cuya labor se ha sustentado en la voluntad ciudadana de que se haga justicia, desenredando el ovillo de corrupción detectado en el Ecuador en la administración correista. Esta Comisión de acuerdo a sus posibilidades administrativas, económicas y logísticas, -debe recibir el apoyo en todo orden del Estado-, a fin de que continúe la revisión de las actividades sospechosas de los grupos enquistados en la administración pública en el nefasto período de referencia, debiendo rendir cuentas de su actuación públicamente ante el pueblo ecuatoriano. No hay duda de que esta Comisión en funcionamiento nos brinda esperanza de llegar a recuperar lo robado, para mayor eficacia debería su vigencia –tener el aval oficial-, que le permita ejercer con mayor solvencia la supervisión de la gestión pública y poner a luz pública estos ignominiosos actos delincuenciales de sustracción de los dineros públicos. A futuro se conseguiría que el funcionario(os), la institución(es) que se incluyan en estos procedimientos de control ciudadano –estarán conscientes- de que el salirse del marco de la Constitución y la ley conlleva el castigo ciudadano público.
Lo que decepciona a los ecuatorianos, son los pocos resultados que al momento se han obtenido en las acciones gubernamentales tendientes a recuperar lo robado y sancionar a quienes son los causantes de estos ilícitos -fundamentalmente-, recuperar todos estos recursos económicos de propiedad de los ecuatorianos, que en la actualidad se encuentran en manos de los delincuentes que se apropiaron inmoral e ilegalmente. Nos referimos en este punto -a quienes- directamente son responsables de estos delitos, pero también a quienes ejercieron testaferrismo.
Si es necesario se debería seguir recurriendo a la ayuda y asesoramiento internacional, los resultados obtenidos en la auditoria efectuada por el PNUD (Naciones Unidas) por intermedio de empresas auditoras independientes que determinaron un sobreprecio de más o menos USD. 2.500 millones en cinco proyectos desarrollados en el gobierno del expresidente Correa. Esta necesidad de ayuda internacional debe tomarse con la sencillez más acorde a nuestra realidad.
Frente a la falta de resultados en esta urgente tarea de recuperación de dineros desvalijados del erario nacional, de sancionar a los culpables directos e indirectos, es ético reconocer esta necesidad de asesoramiento, ayuda, recomendación y proposición de estrategias y acciones necesarias e indispensables para recuperar estos dineros de propiedad de todos los ecuatorianos.
Finalmente, no se ha podido establecer con exactitud la cantidad de dinero materia y objeto del robo al erario nacional por quienes se llamaban “revolucionarios del Siglo XXI” es hasta el momento difícil tener por lo menos una idea de la cuantía del robo – son tantas las formas y se desarrollaron en las más diversas actividades del Estado, que hacen mucho más difícil llegar al final del ovillo y señalar el monto del robo. Se tienen a la fecha simplemente estimaciones. Por tanto, está vigente un reto que es el investigar y con esos resultados sancionar a todos quienes han participado en la algarrada delincuencial a los fondos públicos de propiedad de los ecuatorianos. No nos olvidemos que hemos opinado de las ilícitas transacciones de la administración central del Estado (Función Ejecutiva), pero, es importante dejar constancia de que en algún momento se debe cuantificar e igualmente buscar las mejores fórmulas para recuperar los dineros sustraídos de los gobiernos provinciales y municipales. Existen decenas de exámenes especiales y auditorías del órgano de control (Contraloría General del Estado) que determinan mala utilización de dineros de los ecuatorianos. Cotopaxi y sus cantones –lamentablemente- están entre los gobiernos provinciales y cantonales auditados.(O)