Una reforma de ley que está sobre el tapete, que ha sido muy debatida y luego postergada es la del uso progresivo de la fuerza.  Los actos violentos registrados en el sistema carcelario nacional demuestran que los agentes del orden no pueden seguir trabajando en completa indefensión y necesitan de una legislación que los respalde.

Desde distintos sectores sociales se levantan voces en contra de esta herramienta que busca disuadir niveles elevados de violencia que han implicado crueldad y odio extremos. Hemos sido testigos de primer orden por filtraciones de los amotinamientos donde se han dado decapitaciones, mutilaciones, los presos jugando con una cabeza humana sin ningún escrúpulo ni remordimiento. La violación de una oficial de policía que prestaba servicio en el último levantamiento puso la cereza que faltaba al postre.

Tampoco se han olvidado la ferocidad de las agresiones registradas en la capital en octubre de 2019, que dejaron cuantiosas pérdidas en el aparato productivo y una ciudad devastada por el odio de infiltrados que pescaron a río revuelto para desestabilizar al gobierno.

La gran mayoría de ecuatorianos se sienten desprotegidos ante el avance de una violencia desconocida en nuestro territorio, por ello creen que la Ley del uso progresivo de la fuerza puede ser un medio para contener este mal que crece sin control.