El otorgamiento y revocatoria de una visa es potestad soberana de cada Estado; no constituye un derecho, sino un privilegio, y así lo ha declarado el Embajador de los Estados Unidos de América en Quito, a propósito del retiro de éstas a varios generales de la policía y jueces. Más allá de la discrecionalidad del gobierno americano en esta materia, hay que mirar al interior del país y preguntarnos: ¿qué hacen las autoridades nacionales para evitar este tipo de hechos bochornosos que afecta la imagen internacional del Ecuador?

En el último comunicado, la embajada ha destacado que “la corrupción amenaza la estabilidad de lo países y la seguridad de sus ciudadanos.- Impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones”. ¿Será que los EE.UU. observa con especial preocupación la pasividad de las entidades locales encargadas de investigar, procesar y sancionar los actos reñidos con la ley? ¿Acaso estas medidas son parte de una coordinación y esfuerzos conjuntos con el gobierno nacional en la lucha contra la corrupción? 

A la sociedad ecuatoriana le importa saber a ciencia cierta -y de manera puntual-, qué mismo pasa con los órganos de control interno de la Policía Nacional y del Consejo de la Judicatura, encargados de tomar medidas preventivas, disciplinarias y sancionatorias que estos casos requieren. Estos eventos empañan la respetabilidad y credibilidad de la administración de justicia del Ecuador, caracterizada por actuaciones torcidas de ciertos jueces, pues no cumplen la ley con el rigor que exige, allanan el camino a la impunidad y minan la credibilidad ciudadana. Este tipo de conductas son una especie de precursores para convertir a la ley en simple papel mojado. 

En un país que no se respeta la constitución y la separación de poderes; sin justicia independiente y proba, está llamado a formar parte de aquellos que rápidamente van por el camino de la desintegración institucional, a la ruina ética y al descrédito de la democracia, como sistema que persigue el equilibrio social y garantiza los derechos ciudadanos en libertad y armonía. Por ello, la ciudadanía tiene que empoderarse para demandar un cambio hacia la ética pública. Debemos compenetrarnos que “la Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno” (Patrick Henry).

Por desgracia, la constitución del 2008, al no consagrar el ESTADO DE DERECHO, sino el estado de derechos, sin responsabilidades ciudadanas, no ha contribuido para nada en la búsqueda de una sociedad libre y responsable; al contrario, el híper presidencialismo dio carta blanca para que gobiernos irresponsables -como el de la década perdida-, metan mano en la justicia, desbaraten la independencia de la Función Judicial y generen toda una suerte de corruptela que hoy mismo la estamos pagando caro.

Ahora bien, vale preguntarse también: ¿dónde han estado y que han hecho los líderes y partidos políticos, sindicales e indígenas, para procurar con acciones efectivas revertir esta situación? No se les ha escuchado decir nada en términos concretos; han tratado de minimizar los acontecimientos, viendo a otro lado, y más bien se rasgan las vestiduras aludiendo injerencia en los asuntos internos, pero evaden su responsabilidad y no procuran arreglar ésta situación por la que atraviesa la República. Aparecen con la cantaleta de que no debe generalizarse los casos y otras simplezas más.  

La corrupción está extendida, terriblemente desbordada y no tiene fronteras. Hay que combatirla contando con la cooperación internacional de países amigos y de entidades extranjeras especializadas. Que el evento del retiro de las visas, haga reaccionar a todas las funciones del Estado, a través de acciones frontales, directas, coordinadas y sin miramientos de ningún orden. La paciencia ciudadana tiene sus límites. (O)