En los próximos días la situación de la crisis sanitaria originada por el covid-19 tendrá que retornar a la normalidad, que sería el reinicio de las actividades habituales en las que estamos involucrados todos los ecuatorianos, ya que a partir del mes de marzo de este año, debido al confinamiento obligatorio y los estados de excepción, el trabajo, servicio y comercio se han visto interrumpidos.
En todos los sectores -tanto públicos como privados- para el retorno a los lugares de trabajo han adoptado protocolos de bioseguridad para la protección de la salud, ya que este tipo de contagio aún se encuentra y se encontrará durante muchos años, por lo que la necesidad de convivir con este problema es latente.
En virtud de que todo tipo de contacto personal, para brindar un servicio por ahora es imposible, la utilización de la tecnología virtual es una situación que se ha convertido en una herramienta ordinaria y diaria, que va desde las transacciones económicas, hasta reuniones o informes sin necesidad de la presencia de las personas, como se lo hacía anteriormente.
Ya no se requiere de oficinas implementadas o de espacios abiertos para que se verifique una tarea en concreto, es suficiente acceder a una plataforma informática y realizar sesiones virtuales, que permiten compartir pensamientos, ideas y tomar decisiones; así funcionan inclusive espacios como las asambleas legislativas, incluyendo comparecencias de mandatarios, para lo cual la cobertura mediática es imprescindible.
Bajo esta situación también en la Función Judicial se han implementado -no desde ahora- por la pandemia, plataformas virtuales, de hecho, en los juicios penales veníamos utilizándolas para la comparecencia de testigos en audiencias de juzgamiento, y para los peritos que residen en otros lugares, especialmente desde la ciudad de Quito, en lo que se refiere a experticias periciales criminalísticas, con servidores de la Policía Técnica Judicial.
Por lo tanto, estos aportes tecnológicos no son del todo novedosos en esta área, pero ahora es muy común realizarlos por este tipo de crisis sanitaria, pero lamentablemente en la práctica no significa que no intentemos superar las barreras inclusive intergeneracionales, sino que el acceso a la Internet o programas específicos se denotan desequilibrados, ya que se pone a prueba la cobertura de estos servicios, que no son óptimos y que generan desigualdad al momento de utilizarlos para estos fines.
Bajo este mismo sentido -para evitar la presentación de documentos escritos- se viene implementando la firma electrónica, que existía con anterioridad a esta pandemia, pero que en la actualidad es una necesidad irrefutable por cuanto no se puede estar presente en las ventanillas físicas,  que no desaparecerán, pero que bajarán su volumen de trabajo por las actuales circunstancias.
Las transformaciones han sido bastantes ágiles, pero en ocasiones -como se diría- la realidad supera cualquier expectativa, ya que existen por ahora audiencias virtuales que duran más de una semana, como actores, testigos y otros que superan las centenas; con exhibición de pruebas, testigos y peritos, pero que resultan en muchas ocasiones situaciones inverosímiles que empañan el debido proceso y el ejercicio de la defensa legítima.
Por este hecho la Función Judicial tendrá también que afrontar un sinnúmero de nulidades, precisamente por estas falencias que estamos observando y que por el momento no han sido superadas, debido a la falta de tecnología y precisión de las plataformas para este tipo de actuaciones jurisdiccionales.
Por lo tanto, no es cuestión de que los profesionales del Derecho no ubiquemos nuestra mejor predisposición para apoyar a soluciones, sino que la institucionalidad pública no podía anticiparse a esta problemática, que ha permitido observar que nuestro país no se encontraba en la avanzada tecnológica que anticipaban y tampoco estábamos conectados como se publicitaba, por cuanto es una regresión informática, mas no de preparación.
Pero no solo es el tema informático, sino que a la par debe ser la aplicación de los protocolos de bioseguridad en comparecencias personales, es decir, cuando acudimos a las unidades jurisdiccionales a realizar nuestro ejercicio profesional, y los funcionarios judiciales a realizar su servicio público, ya que, aunque se intente evitar este peligro, genera conglomeración de asistentes múltiples, aunque se intente reducir al máximo este tipo de relaciones interpersonales.
En la práctica y lamentablemente en las puertas de ingreso deben extremarse en cuidar el ingreso de los sujetos procesales y asistentes, al medir la temperatura corpórea, la utilización de la mascarilla, así como de prendas de vestir adecuadas, y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, que impidan el contagio y la propagación del virus covid-19.
Al efecto, los medios probatorios a los que debemos acceder los abogados deben ser adecuados y desinfectados, no puede aceptarse que sea inexistente el control de limpieza y desinfección de estos papeles, ahí debe imponerse el criterio del juzgador, sus colaboradores y el coordinador de gestión procesal, además del personal médico que se encuentra en cada unidad judicial.
Bajo estos mismos parámetros, es imprescindible que la salud de quienes asistimos sea monitoreada a cada momento, y no dejarnos abandonados en salas que se desconoce sus niveles de limpieza.
En este mismo sentido, debe adecuarse la utilización y arreglo de baños, así como la dotación de insumos que permitan tener la seguridad de no contraer riesgos innecesarios, por cuanto se pueden detectar focos de contagio, precisamente en estos espacios.
Debemos aprender en el camino, pero sobre todo cuidarnos, ya que la vida y la muerte, por ahora depende de detalles.