Esta figura está contenida en el artículo 105 de la Constitución del 2008, desarrollada en los artículos 199 del Código de la Democracia y 25 de la Ley de Participación Ciudadana. Como toda norma impulsada por los “creativos” socialistas del Siglo XXI, debe mirarse con preocupación, y, por supuesto, con fundado recelo, considerando los personajes que están detrás de esta torcida e infundada “iniciativa”. Resulta increíble, pero en nuestra política criolla se ve cualquier adefesio.

La Constitución de 1988, precautelando la estabilidad gubernamental e institucional del país, estableció la revocatoria del mandato exclusivamente para los alcaldes, prefectos y diputados, “por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo” (artículo 109). Excluyó al presidente de la república, quien, de acuerdo con la norma, cesará en funciones, entre otras causales, por “destitución, previo enjuiciamiento político” (artículo 167), como corresponde a un régimen presidencialista y republicano.

Los planes de gobierno, están diseñados para ser cumplidos en el período constitucional de cuatro años; consecuentemente, mal puede tenerse como causal el incumplimiento de los mismos. Para citar un ejemplo: en campaña el Presidente ofreció subir a 500 dólares el salario mínimo; lo aumentó en 25 dólares durante el primer año de mandato, totalizando 425 dólares, para llegar a la suma total citada en los restantes años de gobierno. Y así se puede decir respecto de otros aspectos del plan. En este primer año, ha dado pasos muy importantes: ordenar la economía para afrontar la obra pública en los siguientes.

Resulta aventurado y risible que se hayan presentado tres solicitudes para calificación de la autoridad electoral. Dieron plazo al presidente para que responda a esta iniciativa, hasta el 13 de junio, y lo ha hecho, enviando mucha información, con lo cual el tribunal deberá aceptar o rechazar tal planteamiento, previo al inicio de recolección de firmas. En síntesis, la respuesta será obvia: el mandato es de 4 años, y, durante todo el restante período, procurará cumplir lo ofrecido. Lo anterior, siempre y cuando las condiciones económicas se presenten favorables y el ambiente político -por lo general problemático-lo permita.

La propuesta de revocatoria no es otra cosa que un mecanismo de chantaje de aquellos políticos de tercera que aspiran notoriedad y pretenden quedar bien con los jerarcas que tiran la piedra y esconden la mano, pues no aparecen directamente como mentores de semejante despropósito. Además, sólo piensan en las venideras elecciones seccionales. Ya se embarcaron en descabezar a la presidente de la Asamblea. ¡Y van por más! ¿Podemos confiar ecuatorianos en estos liderazgos? Ecuador busca otra cosa: trabajo, seguridad, salud, educación. 

¿Por qué somos reacios para trabajar de manera armónica, pensando en los cerca de 18 millones de habitantes? Es imposible avanzar, crecer y desarrollarnos, sin disponer de instituciones fuertes, seguridad jurídica y estabilidad política, dentro de un ambiente de confianza. Ésta lacra nos acompaña desde los albores mismos de la república; no terminamos por aceptar que el país requiere la urgente definición de objetivos nacionales, para solventar los principales problemas de la gente. Las riñas políticas destempladas y vacías de contenido, deben proscribirse o quedar sólo para el discurso hueco y destemplado entre los malos políticos. (O)