En las últimas semanas se viene hablando de varias investigaciones que se realizan, para conocer la afectación que se ha producido en contra de importantes instituciones del Estado, que no han sido administradas debidamente.

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Se habla de millones de dólares de perjuicio a esas instituciones y consecuentemente al Estado, recursos que pudieron haber servido para atender las grandes necesidades que tiene la mayoría de la población, especialmente en salud y educación.

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Se habla, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, institución que se ha convertido desde hace décadas en la caja chica de los gobiernos de turno, lo que ha provocado que esa institución ahora se encuentre cerca del colapso.

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Las malas administraciones han permitido que funcionarios sin ética y sin moral tomen decisiones que afectan a sus afiliados y benefician a cuatro “vivos” que saben lo que hacen, que saben como perjudicar a los afiliados y al Estado.

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Se habla en los últimos días, de los graves problemas del Isspol, institución de la seguridad social de la Policía Nacional, institución que ha sido afectada por más de 900 millones de dólares de sus afiliados y sus familias.

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Funcionarios contratados y aquellos de la institución no cumplieron con sus obligaciones, hicieron inversiones dolosas de las que se benefició un grupo de personas, mientras que miles de afiliados ahora se encuentran en dificultades.

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Es más, se ha conocido que la Contraloría General del Estado no ha realizado la auditoria del caso en varios años anteriores, lo que ha permitido que se concreten acciones dolosas en contra de los afiliados.

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Estos temas han sido motivo de diversos análisis, se ha confirmado que son los funcionarios los que permiten que se ejecuten acciones que favorecen a los pícaros, mientras que gente honrada está perdiendo sus aportes.

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Estos hechos no se pueden dar en una sociedad como la nuestra en la que pagan justos por pecadores, no se pueden concretar en una sociedad en la que la mayoría somos personas honradas y con formación ética y moral.

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Según algunas personas que están siguiendo estos casos, muy difícilmente se podrá recuperar los cientos de millones de dólares que se han llevado de forma ilícita; es más no se conoce dónde están esos dólares.

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Mientras tanto que, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la situación es muy difícil, se habla que en cinco o siete años no existirán recursos para pagar las pensiones a más de un millón de jubilados.

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Jubilados que aportaron toda su vida de trabajo para contar con una pensión que les permita vivir sus últimos años con dignidad. Así las cosas, queda claro una vez más, que en este país hay que robar grandes cantidades para que no les sancionen, sin importar la cantidad de personas que podrían quedarse en el abandono.