La semana que concluye ha surgido como una época de tiempo muy agotada, en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, y donde altos personajes políticos han sido hasta aprehendidos para proseguir con varios juicios penales, en virtud de presuntamente establecerse actos de corrupción, aprovechando la crisis sanitaria proveniente del covid-19.

A pesar de que no resulta curioso, el sistema penal por lo general confronta a las diversas autoridades, porque se rodean de ego y megalomanía, lo que permite criticar a los otros actores y priorizar su trabajo creyéndose infalibles y perfectos; de ahí los agravios, las declaraciones, quejas y uso de los medios de comunicación social, para satisfacer intereses personales y circunstanciales.

Piensan sentirse dueños de las instituciones a las que representan, pero adicionalmente, tienen la prepotencia de calificar las labores de otros organismos, para justificar y tapar las propias falencias.

El interés de algunos medios “independientes” que, sin el menor rigorismo profesional, solo se han convertido en reproductores de mentiras y supuestas “hazañas” que nos miran como un mercado de lectores u oyentes, esperando falacias, con las cuales nos sentimos complacidos.

De por medio no existe un trabajo profesional, ni con los hechos que deben ser coherentes con una realidad, ya que una es lo fáctico y otro, cuando existen cámaras, micrófonos, imprenta y fotos.

Luego se victimizan, aseveran sentirse incomprendidos y piden al tumulto que juzguen y lapiden a quienes no les dieron la razón; qué forma tan perversa de esconder sus flaquezas, pero lo peor se advierte cuando dan por descontado ese tipo de lamentos, que lo único que genera es la desconfianza, ilegitimidad y hasta odio de aquellos que no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Solo se vive del cuento, del show mediático, de las quejas y del linchamiento; somos cautivos de las mentiras y de la podredumbre de una total desinformación, que la hacen de forma deliberada, cuya única finalidad es distraer los males del Gobierno y sus erráticas decisiones que benefician a los mismos y perjudican a la mayoría de las personas.

De forma jurídica que es la fundamentación que debería prevalecer, por encima de la conjetura y prejuicio, ya que de todo se habla, se difama y hasta se prejuzga; y no es que creamos en la impunidad, sino que las acciones deben ser profesionales, reales, ya que pasará esta crisis y luego vienen los veredictos no solo nacionales sino supranacionales. Sólo recordemos lo que paso con el 30-S, la mayor parte se ratificó el estado de inocencia y hasta existieron nulidades procesales, que demostraron una injerencia en el sistema judicial directa, que luego se determinó la presión a jueces, fiscales y se utilizaba a los organismos de investigación para caprichos políticos del Gobernante.

En su época los fiscales realizaron el mismo espectáculo, ahora son figuras hasta investigadas, por cuanto su poder transcurre, y quedan como simples mortales, dando la cara como personas normales y ordinarias.

Para dar un ejemplo de las falacias que hemos soportado en estos días, basta dar un repaso por el caso del expresidente de la República del Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, quien una  vez que se realiza el allanamiento en su domicilio, encuentran dos escenarios procesales: uno, arma de fuego que asevera haber sido regalada por el entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general Paco Moncayo, y, segundo, insumos médicos que coincidían con aquellos entregados a uno de los hospitales de la ciudad de Guayaquil, y que se encuentran en investigación por un presunto delito en contra de la administración pública.

Se tiene veinte y cuatro horas, para formular o no cargos y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado, para dar a conocer el delito por el cual se deben defender los procesados, el plazo de la investigación, y las medidas para asegurar estos fines.

Con el personaje público antes referido y revisado el sistema judicial del Ecuador, el delito que está acusando es el de tenencia ilegal de armas, que a pesar que el Fiscal de la ciudad de Guayaquil haya resuelto iniciar por un delito cuya pena es de hasta diez años; en la realidad los hechos corresponden solo a una sanción de seis meses a un año.

Bajo esta óptica, la Fiscalía en la actualidad no imputó cargos de peculado, tráfico de influencias u otro similar, por lo tanto, aquellos comentarios y desinformación de la actitud de los jueces no es correcto, por cuanto el delito es diferente y leve.

Además, podrían adoptar salidas diferentes, como aplicación de principios de oportunidad, o suspensión condicional de la pena, etc., es decir en definitiva Bucaram no purgaría la cárcel como quiere la Fiscal o el tumulto desinformado.

Pero esta problemática no depende del procesado, del juez u otra autoridad, es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía, de nadie más, por lo que resulta engañoso recurrir a las redes sociales y ruedas de prensa, así como endilgar culpas que no existen y que dependen de manera directa del personal de Diana Salazar.

Que la cárcel es una medida excepcional eso es indiscutible, peor aún, cuando Bucaram tiene enfermedades cardiacas y su edad; elementos que permitían desde un inicio adoptar medidas alternativas a la prisión preventiva. Esto se encuentra legislado y reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, no se resuelve con dedicatoria o viendo la cara, a pesar de que en ocasiones sí se realiza, sino que al contrario, detrás de toda esa victimización hay cuestiones políticas circunstanciales que favorecen al Gobernante en su discurso.

Ahora está preso el asambleísta Daniel Mendoza, pero el delito que se investiga es de delincuencia organizada, no de peculado u otro similar. (O)