Los representantes de las diferentes instituciones públicas, en el segundo diálogo intersectorial. FOTO M.S. LA GACETA

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), la mañana de ayer llevó a cabo el segundo diálogo intersectorial en Cotopaxi, con las diferentes instituciones públicas. El objetivo fue realizar un seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, para las personas con discapacidad.  

En el espacio estuvieron presentes los representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Servicio de Rentas Internas (SRI), consejos cantonales de protección de derechos de cada uno de los cantones, Ministerio de Salud y  el  Instituto de Seguridad Social (IESS). Dentro de esta reunión se hizo un cronograma de actividades y se va viendo cuáles se han cumplido y cuáles no, en beneficio de las personas con discapacidad.

Lucía Naranjo, técnica del Conadis en Cotopaxi, dijo que este tipo de acciones las hacen cada tres meses y las siguientes reuniones serán en septiembre y noviembre,  para darlas por concluidas en este año 2017. Reveló que en la mesa anterior, se trazó la capacitación a los transportistas y profesores de las unidades educativas inclusivas.

En días anteriores se comenzó con la capacitación a 204 transportistas, entre propietarios de buses, choferes y controladores de las cooperativas Sultana de Cotopaxi y Citibus, en el tema de servicio al cliente y buen trato a las personas con discapacidad, convirtiéndose así Cotopaxi, en la provincia pionera en realizar este tipo de actividades.

Las temáticas estuvieron entorno a  los derechos que tienen las personas con discapacidad y las  multas a las que los transportistas se exponen, en el caso de no cumplir con la accesibilidad o ser causante de maltrato. Naranjo manifestó que con esto, evitan que existan más denuncias de ofensa a las personas con discapacidad.

Destacó que ha habido denuncias no sólo  por el  transporte público, sino por el  incumplimiento de derechos por parte de algunas instituciones. En este mes se receptaron alrededor de cinco denuncias, de tal forma que se ha procedido a oficiar a la entidad  involucrada, para hacer el seguimiento pertinente.

La sanción puede ir de los 5 a 10 salarios mínimos vitales como multa, además, la técnica dijo que el año anterior se realizó una capacitación a más de mil personas con discapacidad, en la que se ha dado a conocer  cada uno sus derechos, lo que lo están poniendo en ejecución. (I)

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