La Seguridad Nacional es responsabilidad del Estado, a  las Fuerzas Armadas les corresponde la defensa Nacional, mientras que a la Policía Nacional la seguridad interna y  en conjunto les concierne la implementación de una política de defensa y seguridad, que garantice la convivencia pacífica de la población y el desarrollo del país, lo que se debe reflejar en una percepción de seguridad interna y externa.

Las Fuerzas Armadas  tienen  como misión esencial la conservación de la soberanía nacional, la  defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento constitucional y legal. En coordinación con la Policía Nacional las Fuerzas Armadas  deben preparar y mantener vigentes  operaciones de defensa  interna a fin de neutralizar y/o eliminar a grupos antagónicos que amenacen la paz y el orden público, protegiendo a la sociedad ecuatoriana en su conjunto de la anarquía, garantizándole seguridad y desarrollo dentro de un marco constitucional y legal, respetando la democracia, garantizando la paz ciudadana en concordancia con el ordenamiento jurídico del Estado.

Los militares y policías son servidores públicos, las relaciones de la sociedad civil  con la fuerza pública  depende esencialmente de la voluntad que profese el pueblo y obviamente del poder constituido detentado por la autoridad elegida democráticamente, por consiguiente, la Fuerza Pública (FF.AA y Policía Nacional) constituyen un valioso instrumento del Estado para la implementación y/o mantenimiento de políticas públicas en beneficio de la colectividad, siendo su objetivo cardinal su seguridad y el desarrollo nacionales.

La sociedad civil debe entender la misión de la Fuerza Pública, en momento nefastos como los que estamos viviendo, cuando la protesta social se transforma en violencia social, deben establecer cuáles son las condiciones  de equilibrio y desequilibrio en la aplicación de las políticas públicas  por parte del gobierno nacional. La ciudadanía debe pensar  que la seguridad nacional  externa e interna,  no es solo compromiso – por mandato constitucional- de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino  un compromiso de todos los  integrantes de  la sociedad ecuatoriana. 

Sin embargo de lo señalado debemos estar claros que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se deben al Estado, son obedientes del marco constitucional y legal, no son deliberantes,  en su estructura tienen un marco legal y reglamentario en el cual se establece sus derechos y obligaciones, gozan de estabilidad profesional. En el marco regional y mundial  las Fuerzas  Armadas y la Policía Nacional coadyuvan al fortalecimiento de las relaciones bilaterales  con países  vecinos. En coordinación con el frente externo se respeta y hace respetar los convenios y tratados internacionales, demostrando medidas de confianza mutua, la igualdad jurídica de los Estados y sobre todo una convivencia pacífica. En conjunto las instituciones militares y policiales buscan siempre como objetivo primordial el mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo nacional. 

La situación política, económica y social que vive el Ecuador tiene una historia que data de hace 201 años de vida republicana, empeorada lamentablemente en los últimos gobiernos. La sociedad ecuatoriana no [CM1]  goza de una seguridad jurídica, cada grupo que accede al poder político del Estado, mete la mano en las otras funciones que se dice son autónomas. No hay  madurez política en los centenares de grupos y partidos políticos reconocidos por el Estado, esto se manifiesta en una abierta lucha por intereses partidista y en muchos casos personales. Desde todas las funciones y autoridades se irrespeta permanentemente la Constitución de la República, las violaciones constitucionales son el pan de cada día. 

El desatino y la falta  de oportunidad de los reclamos sociales, así como la forma de presentarlos, frente a iguales condiciones de respuesta,  constituyen una amenaza para la seguridad y un gran obstáculo para el desarrollo, ahora mismo tenemos carencia de productos y alimentos, está paralizado el intercambio de productos y la economía empresarial, de las medianas y pequeñas empresas, así como de los  emprendedores está al borde de la quiebra. Mientras tanto -vemos con preocupación- cómo se financia la reclamación social, convertida en violencia social,  que va más allá del logro de reivindicaciones y aterriza en compromisos con grandes intereses económicos y políticos ligados  al terrorismo, al narcotráfico y ahora también a las corrientes migratorias. Debemos estar seguros de que la seguridad ligada al desarrollo del Ecuador no es un hecho ideológico, -no lo debe ser-,  es hora que entendamos que es una responsabilidad de todos.