La paz radica en la capacidad que tenga el Estado para ejercer acciones que permitan lograr horizontes razonados en cuanto a equilibrio, justicia y desarrollo, todo esto acompañado de políticas públicas que permitan alcanzar gobernabilidad en un ambiente de democracia que tiene que ver con acuerdos mínimos de convivencia social. El marco constitucional y legal que rige a la República del Ecuador, tiene como sustento un mandato irrenunciable de todos los ciudadanos y en general de quienes habitamos el territorio patrio. Se trata del derecho a vivir en un ambiente libre de violencia en la forma en la cual se presente, incluida la corrupción. El Estado en consecuencia debe preocuparse en construir una sociedad en democracia, bajo el respeto a los derechos individuales y colectivos, en esta consideración, el Estado debe trabajar generando estrategias en base a políticas públicas en coordinación con la población civil, actores y colectivos sociales y políticos, con estrategias concretas que permitan a los ecuatorianos vivir en armonía con la naturaleza, con seguridad, soberanamente, respetando los derechos humanos, en democracia.

El gobierno nacional debe impulsar –por tanto- políticas públicas  de desarrollo y seguridad sustentado en que no  puede haber desarrollo nacional, sin seguridad nacional y como complemento -no puede haber seguridad y desarrollo nacionales, sin seguridad social-, si hablamos en la Carta  Suprema que nos rige, que vivimos en  un Estado Constitucional de derechos  y justicia social, con vigencia plena de la democracia, debemos entonces administradores y administrados ejercer los mayores esfuerzos para implementar programas de desarrollo en un ambiente de paz, seguridad, con vigencia plena de una seguridad social en su más amplia definición. La soberanía radica en el pueblo, somos independientes, unitarios, interculturales, debemos aprender a desarrollarnos de manera descentralizada, siempre pensando en el país en su conjunto y no por parcelas, eso nos ha hecho mucho daño, mucho más si se trata de parcelas políticas que obedecen al interés –solo- de los partidos políticos que acceden al gobierno nacional o de las parroquias, cantones y provincias.

Los gobiernos de turno no deben escatimar esfuerzo alguno a fin de dotar a la ciudadanía de más y mejores servicios relacionados con el bienestar mínimo de la población, solo así podremos aparecer como una sociedad respetuosa y gobernable, que goza de una seguridad encaminada hacia el desarrollo nacional. El Ecuador de hoy, vive una inseguridad inimaginable, quienes administran el Estado en sus diferentes funciones, deben comenzar por reconocer este grave problema social y comenzar a corregir los graves problemas estructurales que aquejan a los cimientos mismos del Estado ecuatoriano y que han venido siendo postergados durante muchos años por los gobiernos de turno. El país requiere dejar de lado el manejo del Estado, su seguridad y razón misma de existir, frente a la gran realidad que vive su población. La seguridad del Estado es y debe ser la seguridad de sus habitantes, para ello las políticas públicas deben enfocarse en un crecimiento sostenido de la economía, que sea capaz de crear empleo, con una educación de excelencia en todos sus niveles, con la erradicación de la corrupción y con la mejor utilización del voto, como herramienta social que nos permita tener representantes de calidad.

Uno de los más deficientes servicios que tiene el Ecuador es el acceso a una verdadera justicia, creo que es el principal obstáculo que los ecuatorianos tenemos al momento de requerir de la justicia, la principal razón obedece al desconocimiento de sus derechos y a la falta de cumplimiento de sus obligaciones; razones estas por las cuales, corresponde al Estado y sus instituciones involucradas en el tema, la difusión y capacitación ciudadana en derechos y deberes, sin dejar de lado el análisis de las barreras  de acceso a la justicia que son financieras, territoriales y culturales, sin embargo de que se creó el Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo a fin de hacer más asequible el derecho de todos a una justicia igualitaria. La Defensoría Pública debería servir para romper la infranqueable barrera económica de acceso a la justicia, para que quienes no poseen el dinero suficiente para ser atendidos en el sistema de justicia, sean atendidos por el Estado entregándoles una defensa de sus derechos en paridad de condiciones y dentro de un debido proceso, acercando la justicia a los más necesitados que viven lejos de los centros poblados, rompiendo una barrera territorial, dejando de lado las formas viejas y arcaicas de solución de conflictos por las modernas que nos trae la nueva cultura jurídica.

Mientras esté vigente la Constitución de 2008, todos estamos obligados a cumplir sus preceptos. La soberanía del Estado Ecuatoriano radica en el Pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Le corresponde al señor Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Carta Suprema, en consecuencia, es la máxima autoridad del Estado la que garantiza a los habitantes del territorio patrio el derecho a vivir enmarcados en una cultura de paz, a tener una seguridad integral, que nos permita desarrollarnos en democracia, libres de toda corrupción y lejos de cualquier tipo de violencia, por tanto, juegan papel preponderante los diferentes órganos del poder público los ministerios directamente involucrados en el tema, y obviamente las otras funciones constitucionales y órganos de control. A los Ministerios de Gobierno y del Interior les corresponde garantizar en democracia la seguridad interna; mientras que, al Ministerio de la Defensa le toca responder por nuestra soberanía nacional. Es necesario articular esta seguridad interna y externa con verdaderas políticas sociales, requiriendo para aquello del esfuerzo estatal y del sector privado, ni solo el Estado, ni solo lo privado podrán crear un marco de seguridad y democracia para salir del inmenso hoyo del descalabro social, ético y moral en el cual estamos sumergidos, necesitamos unirnos bajo un compromiso transparente y ético. El tiempo juega un papel preponderante en esta misión, es necesario ofrecerle y cumplir con el pueblo en un ambiente de paz, armonía y tranquilidad. Un pueblo digno, requiere vivir con dignidad. (O)