Los Estados tienen una misión importante en los actuales momentos –difícil tarea-, esto es, implementar en todos los países el derecho humano a la seguridad social y dentro de éste derecho, establecer derechos específicos que protejan a los migrantes, esto es, que el ciudadano(a) que salga de su país de origen por razones de trabajo, estudio, especialización y vaya a radicarse en otro país mantenga su derecho de protección de la seguridad social.
La Carta de Naciones Unidas reconoce a la Seguridad Social la categoría de Derecho Humano Universal y en esa razón podemos afirmar que no puede existir Estado Moderno cuyo marco constitucional y legal no reconozca a la seguridad social como un derecho de los seres humanos a estar protegidos desde cuando están en el vientre materno (etapa de la concepción) hasta y después de su muerte.
El Derecho Internacional da cuenta de la existencia de la vigencia de organismos internacionales especializados en seguridad social, partiendo desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), las dos con sede en Ginebra-Suiza, el Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social (CIESS), con sede en México DF-México, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con sede en Madrid-España, todos estos organismos han jugado papel esencial en la seguridad social del mundo.
Siendo, como en efecto es, la seguridad social una obligación de los Estados y considerando como un hecho real las migraciones de personas de un país a otro, es necesario saber que todos ellos –deben estar protegidos por la seguridad social- en primer instancia por el marco constitucional y legal del Estado Nacional de origen y obviamente luego, continuar con este derecho en el país a donde emigra. Es aquí donde juega papel importante la diplomacia como herramienta de convivencia internacional, partiendo del respeto a las leyes nacionales (Acuerdos y Convenios Internacionales-Constitución-Leyes- sobre seguridad social) que coadyuven para que los nacionales que se desplazan a otro país sigan gozando de los beneficios, prestaciones y servicios de la seguridad social en el Estado en donde se van a radicar.
Esto se logra utilizando de la mejor manera al Servicio Exterior (Diplomacia) a las áreas especializadas en seguridad social internacional de cada país, quienes deben negociar acuerdos y/o convenios cuyo contenido establezca la conservación de derechos del migrante e incluso la posibilidad de ampliarlos con otros contemplados en la legislación del país receptor.
El Ecuador por intermedio de su Cancillería y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han concertado acuerdos y convenios que en materia de seguridad social resguarden derechos adquiridos en el Estado de Origen en materia de seguridad social, fundamentalmente en sumar tiempos de aportación de un país para que sean validos en el otro y vice-versa con el objeto de acceder a una pensión de jubilación. Para este objetivo están vigentes convenios bilaterales suscritos y ratificados con los siguientes países: España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Esta vigente dentro de la Comunidad Andina de Naciones el Instrumento Andino de Seguridad Social. Igualmente, está vigente el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, todos estos instrumentos internacionales son parte de nuestra legislación nacional en materia de seguridad social y tienen relación directa con la conservación de derechos y la igualdad de trato para los migrantes.(O)