Como sabemos, en los sistemas democráticos, los congresos, asambleas, o cámaras de representantes, no son propiamente entidades populares, o que gozan de la simpatía ciudadana; el permanente deterioro de su imagen se debe al desgaste propio de su desempeño, al conflicto de intereses entre sus integrantes, y a la permanente pugna que mantiene con la función ejecutiva, sin ejercer una responsable oposición. Sin embargo, convengamos en que una auténtica democracia no puede existir sin parlamento, y, naturalmente, sin equilibrio y división de poderes, según la teoría de Montesquieu. 

Pero hemos llegado al colmo del descrédito de esta función, al punto de que uno de sus integrantes -hace pocos días, en Ecuavisa-, dijo que “cuando va a la Asamblea no sabe si está entrando al Parlamento o a la Penitenciaría”. Si no lo hubiera visto y  escuchado directamente, esta suerte de metáfora, con dosis de sorna e ironía, pasaría como broma, de aquellas que el pueblo suele hacer cuando quiere referirse -de manera peyorativa- a la clase política, siempre desprestigiada. Mas, dicho por uno de sus miembros, resulta alarmante y preocupante, generando una especie de vergüenza ajena.  

¿Que nos pasó a los ecuatorianos? ¿Por qué elegimos gente que no sabe desempeñar su función o dignidad con ética y honradez? ¿Dónde quedó el ejemplo de nuestros mayores? ¿Por qué hemos permitido tanto atraco a los fondos públicos? Son preguntas que nos hacemos cada día, pero que no hacemos nada, o articulamos soluciones, para corregir semejante lacerante realidad.

Es indignante observar como aparecen, con preocupante recurrencia, los escándalos de corrupción en los que están comprometidos los sagrados recursos y bienes públicos; sin embargo, éstos se diluyen, se olvidan o pasan a segundo plano, al asomar otro que los tapa, oculta y así sucesivamente. La señora Fiscal, persona que goza de todo nuestro respeto y admiración, por su coraje y entereza en el cumplimiento del deber, hace sus mayores esfuerzos para perseguir los delitos y a los delincuentes, con los limitados recursos de que dispone, a pesar de las presiones internas y externas que su accionar despierta.

El asambleísta “no sabe si está entrando al Parlamento o a la Penitenciaría”. Increíble escuchar semejante declaración que ya debe haber circulado profusamente y seguro es parte de la jerga, como caso digno de “Ripley”. Lo cierto es que la corrupción y la impunidad causan una suerte de desesperanza, depresión y ansiedad en la sociedad. 

No botemos la toalla, ni abandonemos el barco. Tenemos la obligación cívica de seguir luchando para que en las venideras elecciones escojamos a gente decente, digna, recta, respetable, con valores y por supuesto preparada. Procuremos  que  la política sea un verdadero apostolado al servicio a la colectividad y no permitamos que improvisados y  descalificados lleguen a manejar la cosa pública. 

Hay que reconocer que en la actual asamblea nacional existen personas de honor, respetables, honradas y de excepción, que no hacen sino confirmar la regla. No es preciso dar nombres, pero son fácilmente identificables, a quienes el país sabrá reconocerles.

La Constitución del 2008 -ese engendro del llamado socialismo del siglo XXI-, consagró un régimen hiperpresidencialista que facilitó el abuso, el despilfarro, el bullicio demagógico, atentando al necesario equilibrio del poder; este reglamento de carta política debe ser cambiado de acuerdo con los procedimientos que el mismo sistema democrático franquea. Mientras tanto, exijamos a los candidatos a la primera magistratura que, al tiempo de entregar su plan de gobierno, den a conocer: 

(i) la nómina y montos de los aportantes a su campaña, (ii) quienes serán los ministros y máximos funcionarios de su gabinete que le acompañarán en su gobierno, (iii) su posición frente a la constitución de la comisión anticorrupción autónoma e independiente del poder constituido, (iv) su compromiso de luchar por la recuperación de los dineros públicos fruto de los negociados y la corrupción; y, (v) el respaldo a la aplicación de la ley  orgánica de extinción del dominio en los casos de corrupción, propuesto por la Fiscalía.

Hoy más que nunca, el futuro del Ecuador está en el poder de nuestro voto.(O)