Durante la reunión desarrollada en la Prefectura.

Sobrepoblación del centro, falta de servicios básicos, incumpliendo de compensaciones por la existencia del CRS en territorio latacungueño, además se la supuesta inseguridad que este genera se trataron durante más de una hora de reunión.  

Previo a la Asamblea Provincial de Seguridad Ciudadana que se realizará en los próximos días, autoridades locales trataron estas temáticas con Víctor Hugo Cozar, representante del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes infractores.

La reunión se desarrolló la mañana del miércoles 14 de agosto del 2019, en la sala de sesiones de la Prefectura de Cotopaxi, con la presencia del gobernador Jorge Miño, el prefecto Jorge Guamán, quien lamentó la ausencia de los siete alcaldes que enviaron representantes.  

Guamán solicitó explicaciones y respuestas sobre: la ubicación del centro de Rehabilitación en zona de riesgos, la inadecuada infraestructura por las condiciones climáticas, sobrepoblación, servicios básicos como agua potable y recolección de basura, compromisos no cumplidos como la adquisición de alimentos de productores cotopaxenses.

A este pedido se sumó el gobernador de Cotopaxi, Jorge Miño, quien señaló que no existe ningún cumplimiento a las compensaciones ofrecidas entorno al Centro de Rehabilitación Social.

Víctor Hugo Cozar, manifestó que una de las debilidades para sobrellevar este tema es la constante rotación de funcionarios públicos.

Señaló que se están realizando los estudios e informes sobre los tipos de materiales para determinar cómo fue planificada y construida la infraestructura del centro de rehabilitación. En relación a la sobrepoblación indicó que existen 5322 personas privadas de la libertad en Cotopaxi.

También es necesario revisar cuales fueron los ofrecimientos compensatorios ofrecidos al momento de la socialización con las autoridades para que permitan la construcción del CRS y si se ha dado cumplimiento. En relación al agua señaló que no existe falta de caudal sino un mal uso y abuso en las celdas de los PPL.

Esta información será socializada en la Asamblea Provincial de seguridad Ciudadana a desarrollarse el próximo viernes 23 de agosto y que contará con la participación de 57 representantes entre autoridades y representantes del sector privado, gremios y asociaciones. (I)