Muchos creemos que si sancionáramos más fuertemente lo delitos, terminaríamos o reduciríamos significativamente la delincuencia. Y esto es una verdad a medias.

Las sanciones o penas tienen un motivo de existir. Originalmente, la única función de la pena era castigar. Esto se conoce como función retributiva; es decir, si alguien le causa un daño a la sociedad, ésta le retribuye un daño. Es como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente.

Obviamente no podemos negar que el castigo es un castigo. Pero si podemos analizar otras funciones aplicables. Así, por ejemplo, las penas tienen una función preventiva. Si las penas son altas, una persona que nunca ha delinquido va a pensarlo dos y tres veces antes de delinquir. Así mismo, un sentenciado que ya pagó la pena, difícilmente vuelva a cometer un delito porque sabe que el precio es muy alto.

Pero si la pena es demasiado alta, al final la sociedad reacciona contrariamente pues empieza a pensar que es una exageración y que la ley pierde sentido. Como por ejemplo, cuando un ladronzuelo va años a la cárcel y los criminales de cuello blanco tienen sentencias menores.

Conforme avanzan los tiempos, se empezó a hablar de “rehabilitación social”, es decir, considerar a la pena no como un castigo, sino como una terapia social, en la cual una persona disociada pueda volver a comulgar con los parámetros socialmente aceptados. Esto suena bien, desde la perspectiva de Derechos Humanos, pero es francamente inaplicable en el mundo real. Obviamente, no todos los criminales están en aptitud de ser rehabilitados, los programas que propone el sistema penitenciario son deficientes y la sociedad no reacciona bien al ex convicto, quien aunque haya pagado su pena, no se puede retirar la etiqueta de criminal de la frente.

Hasta aquí, si se dan cuenta, todas las teorías giran alrededor del procesado. ¿Y la víctima? Pues muy poco se volvía la vista a ella. Es apenas en nuestra modernidad que se trata de una pena “reparadora”, es decir, que además compense a la víctima por los daños sufridos. Normalmente esta reparación se trata independientemente de la pena privativa de libertad y debe ser ajustada a un valor económico.

Las últimas teorías críticas de la pena nos hablan, por ejemplo, de “restauración”, que tiene mucho de la concepción de justicia indígena. Aquí importa que la víctima sea reparada, pero también importa que la sociedad reconstruya su relación con el criminal, perdonándole y aceptándolo de nuevo en su grupo social.

Entonces, la próxima vez que hablemos de subir penas a cualquier delito, debemos reflexionar sobre el verdadero resultado final que tendría este incremento, más allá del delincuente de moda. Una ley penal puede cambiar las dinámicas de toda la sociedad y este efecto ulterior debe ser analizado. De hecho, gran parte de nuestro sistema penal no funciona, justamente, porque está construido en base al populismo y la oferta política, y no en bases científicas y técnicas.

Demos algunos ejemplos:

Creo que pocos estaremos de acuerdo en aumentar las penas privativas de la libertad en delitos contra la propiedad (robo, hurto, etc.), porque quienes suelen cometer esos delitos son, las más de las veces, gente pobre o con pocas oportunidades. Pero si en lugar de subir estas penas, aplicáramos multas fuertes y un mecanismo de reparación inmediata a la víctima, podríamos tener un mejor resultado.

En otro ejemplo, creo que bien merece aumentar las penas en delitos económicos o de cuello blanco, pero de nada servirá si no tenemos un mecanismo eficiente de recuperación de los valores perjudicados y convenios internacionales que obliguen a los procesados a regresar al país cuando fugan.

Lo mismo pasa con la mayor parte de delitos de tipo defraudación (estafa, abuso de confianza, etc.) donde lo que principalmente se busca es un asunto económico que, en la mayor parte de casos, puede judicializarse civilmente y no penalmente. De hecho, la mayor parte de denuncias que se presentan como estafa, resultan ser solamente negocios mal hechos que no deberían tener tratamiento penal.

Y así podemos seguir, descubriendo las incoherencias de nuestro sistema penal.

Pero hoy, amigos, tienen ustedes conocimiento de por qué y para qué existen las penas, y podrán hacerse una opinión propia de qué amerita un castigo mayor y qué no. Recuerden que una pena exageradamente alta genera un efecto negativo: la sociedad la considera ridícula y la norma pierde su valor. (O)