Parece que las actuaciones resultado de los superpoderes pueden en cualquier momento pasar una fuerte factura al Estado…
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 9 precisa claramente que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución…
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Es necesario recordar, lo grave que ha sido dentro del estudio histórico-social, que un ser humano mantenga “poder” en forma prolongada sobre determinada cosa, acción o función. El poder desmesurado priva del sentido de la razón a los individuos y puede encorvar hasta el alma más bondadosa.
La frase “Todo lo excesivo es malo”, es aplicable como se enuncia, a todo lo que nos rodea, y en realidad el exceso es dañino, puesto que este desorden se convierte en un asunto vicioso; y, el “poder viciado” es muy peligroso, porque no distingue lo bueno de lo malo.
Bajo estos argumentos quienes se encuentran investidos de capa y espada, deben cuidarse de enseñorearse abusando de su poder. Ya que, a la larga o a la corta, quien se aprovecha de una condición o de determina circunstancia, finalmente sucumbe en su propia trinchera de batalla; evoquemos la sabia e instruida expresión que prescribe “con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medido.”
Consecuentemente en ningún momento puede manifestarse en una decisión la ira, tampoco la prepotencia; menos aún la intolerancia; de aflorar estas pasiones, se pueden propiciar escenarios dónde los cuestionados, investigados o evaluados se los confunda como víctimas.
Lamentablemente como sociedad, vivimos en constante conflicto, pues desde hace un año, han sido invariables las críticas al mal manejo político y económico del gobierno anterior, situación que se ha agravado con las denuncias presentadas por presuntos casos de corrupción; cansados e indignados y ante una férrea resistencia política, se ha ido acrecentando el repudio social.
Con unas u otras actuaciones, lo que se ha conseguido es simplemente mantener la división volviendo las sombras de la desconfianza a la justicia y a la legislación, sometiéndonos a una nueva crisis de inseguridad jurídica a causa de una injusticia institucionalizada.
Las astucias están siempre al orden del día, y quien está al frente de dictar una inminente resolución no puede caer en provocaciones, pero tampoco permitirse que su ego vaya más allá que su razón e inteligencia. Al mantener la serenidad, no solo se controla imprevistos o estrategias previamente planificadas, sino también se mantiene el dominio del comportamiento propio, situaciones claves a interponer cuando se suscita una disputa.
No se debe olvidar además que mientras confluye un enfrentamiento de posiciones, siempre existe la presencia de terceros que buscan en la polémica hacer valer sus oscuros intereses, brevemente y como es ya su costumbre aparecen tratando de aprovecharse de la situación y de infiltrarse en el poder, es sin duda su naturaleza conspiradora. Solo de esta forma reviven del pasado ¡se victimizan!
Consecuentemente quienes por el momento y por un encargo transitorio mantienen la confianza ciudadana deben actuar con mesura, con sencillez y humildad, valores propios de hombres de bien, ya que el camino por recorrer es arduo, pero el tiempo corto, por consiguiente, el protagonismo que desarrollen deberá adecuarse a la altura de su responsabilidad, calidad humana y profesionalismo. Privilegiando la razón antes que la designación.(O)

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