Ella tenía 11 años, estudiaba en una escuela de la ciudad de Guayaquil y hace unos meses murió a causa de un derrame cerebral. Son tres elementos fácticos que han generado alarma social.
Ahora para este caso, se le añade un cuarto elemento importante sobre los principales sospechosos del desenlace fatal, que no son adultos que sería “lo común”, sino sus compañeros que a través de una carta pidieron disculpas y contaron algunos detalles de lo que sucedía. Pues bien, ¿Qué pasa cuando el agresor es un niño, niña o adolescente?
Para estos casos, hay que hacer referencia al Código Orgánico Integral Penal- en adelante COIP- y, al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Los cuales determinan que, las y los niños son inimputables, y que la responsabilidad que se pueda generar por un daño será civil y que sus representantes son los llamados a cumplir con estas. Por otra parte, en el caso de los adolescentes infractores deberán responder por sus actos bajo lo que el segundo cuerpo normativo en mención establezca, esto es, la aplicación no de penas como las regula el COIP, sino en base a un sistema especializado, que impone el cumplimiento de medidas socio educativas.
Ante esto, la sociedad puede cuestionarse este trato diferenciado entre las personas, a sabiendas que la ley genera un trato igualitario para todos y que en apariencia nadie se escapa de la justicia. Pues no es así.
El tratamiento que se le da a un adulto por sus actos es diferenciado del adolescente infractor por varios motivos, pero el más importante es el carácter preventivo y modelador de la conducta de quien ha incurrido en un ilícito. Esto se debe a la esencia misma del hombre, ya que no es aleatorio que desde pequeños escuchamos a nuestros mayores decir que se corrijan las malas conductas antes de que sea tarde para que no se adquieran malos hábitos.
La revista Señales, en el artículo denominado ” Intervención con infractores de ley “, establece que la intervención efectiva y temprana en estos casos es necesaria para reconducir el actuar de estos jóvenes en conflicto con la ley, así evitando que en un futuro se vayan desarrollando más destrezas para delinquir. Aquí se refleja como una experiencia modelo la implementada en Canadá dentro de su sistema de tratamiento para adolescentes. Pero no solo este país es un referente, sino también Inglaterra y Australia en los cuales la justicia restaurativa es el centro del proceso, con el cual, se pretende que el adolescente enfoque su tratamiento en las necesidades de la víctima y así se realice una verdadera reparación del daño.
En el caso de Britanny, varias hipótesis se han planteado sobre su muerte, por ello las autoridades deben realizar una investigación responsable para demostrar cual fue la causa de su muerte y que fue lo que la provocó. Se dice que producto de los golpes de los que fue víctima, sufrió un derrame cerebral, y por otra parte que ya padecía una alteración en su sistema nervioso desde temprana edad y que el detonante para su muerte no pudo ser previsible.
Llama la atención en este caso, la edad de sus compañeros que aceptaron haberla hostigado, ya que el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que son niños quienes no han cumplido doce años y adolescente es aquella persona que tiene entre doce hasta dieciocho años. Por tanto, en base a esta descripción si suponemos que los compañeros de Britanny involucrados no superan la edad de 11 años, son inimputables y quienes deben responder civilmente por estos actos son sus padres, representantes legales o tutores.
Para la familia de la víctima esto puede generar malestar, ya que a todas luces existen responsables pero la sanción que se quisiera para ellos no es la común que se podría esperar, esto es la privación de libertad. Pero este sentimiento no es gratuito, viene arraigado desde un rincón humano muy íntimo. Es así que, en la Edad Media, las sanciones se las llevaban a cabo en las plazas centrales, a todas luces de la población que indignados gritaban a los verdugos que fueran crueles con los malhechores que les habían quitado la tranquilidad cotidiana. Esto es parte intrínseca que genera la indignación de haber sufrido un mal, que como seres humanos es totalmente justo sentir, pero racionalmente ya no lo es más, por las razones jurídicamente expuestas ut supra.
Con esto no pretendo decir que lo sucedido en este caso no deba prosperar, sino por el contrario; se debe buscar la verdad de los hechos, darles claridad a los padres que perdieron a su hija, identificar a sus autores, o comprobar científicamente que Britanny padecía una patología previa a la agresión y que no existe nexo causal con los hechos que se denunciaron. Pero si, hacer un llamado a la sociedad que busca con el encierro un mecanismo de reparación para un mal, ya que esto sería actuar desde una naturaleza fundada en mera venganza, deshumanizando al infractor que merece reproche pero es un ser humano como todos y con mayor razón si hablamos de niñas o niños.(O)

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