Como se recordará, el 18 de marzo de 2020 se produjo el bloqueó de la pista del aeropuerto “José Joaquín de Olmedo”, con camionetas de la Municipalidad de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de evitar el aterrizaje y desembarque de pasajeros de una aeronave de servicio internacional. Este evento quedará grabado, so pretexto de minimizar los efectos de la pandemia y demostrar ejecutividad en las decisiones -obviando la coordinación con el COE-, como se violaron convenios internacionales y normas legales internas que rigen la aviación civil y comercial.

Entre las actividades que han sido fuerte y cruelmente afectadas por el covid-19, está la industria del transporte aéreo. Las pérdidas de las líneas aéreas a nivel nacional e internacional son cuantiosas, según cifras de la Asociación Internacional del Transporte aéreo (IATA). Varios organismos internacionales y los gobiernos, hacen los mayores esfuerzos para tratar de atenuar el pavoroso impacto, que finalmente se traduce en la economía de los países. Esto debido a que el flujo de pasajeros y turistas en general disminuyó dramáticamente.

Las líneas aéreas dieron respuesta inmediata, adoptando todas las medidas necesarias recomendadas por la OMS, los gobiernos -a las que se sumaron sus propios y rigurosos protocolos de bioseguridad-, para evitar más contagios. Sin embargo, no todos los pasajeros estaban convencidos de tomar la decisión de viajar, lo cual es muy comprensible. De ahí que se requieren medidas imaginativas, creíbles para el público y convenidas internacionalmente, para que vuelva paulatina y sosteniblemente la esperada normalidad.

Se ha anunciado que la Unión Europea (UE) pretende instrumentar el denominado “certificado o pasaporte sanitario”, con miras a reactivar el turismo. Si bien han aparecido cuestionamientos desde el ámbito científico, al menos el proyecto ha generado esperanza y entusiasmo. La IATA, por ejemplo, ha recibido con satisfacción esta iniciativa, pero otros sectores la han calificado de “prematura”, al afirmar que la UE más bien debería “centrar sus esfuerzos en un despliegue rápido y equitativo de su programa de vacunas”. 

En nuestro país las reglas de bioseguridad no han sido cumplidas por la generalidad de la población, y el proceso de vacunación ha resultado un completo desastre, por la falta de coordinación, eficiencia y diligencia de la autoridad sanitaria, lo que ha dado como resultado la baja de varios ministros y funcionarios del ramo. Es obvio que la cercanía del fin del gobierno no ayuda en nada, y más bien parece que ya nadie “hace caso” a las disposiciones que se emiten. 

Es evidente que el proceso de vacunación es lo ideal – por vital y prioritario-, pero aquello no debe menguar o enervar cualquier iniciativa complementaria, con miras a volver a la normalidad para beneficio de viajeros y usuarios del transporte aéreo. La IATA también ha solicitado a los países de la UE que aprueben la emisión de este certificado; su director, Alexandre de Juniac, en demostración de comprensible esperanza, ha dicho que “deberíamos ver algo similar en todo el mundo si puede ayudar a reabrir los viajes aéreos”.  

Según notas de prensa, el COE Nacional, a partir del 22 de marzo, ha establecido que los pasajeros y usuarios pueden presentar su carné de vacunación de covid-19 al ingresar al Ecuador. Sin duda, esta medida ayudará, y se espera que contribuya positivamente a mejorar la situación de las industrias del transporte aéreo y el turismo del país, tan golpeadas por los efectos perversos de la pandemia. Esto servirá para que se cumplan los principios permanentes de la comunidad aeronáutica internacional, de lograr un transporte aéreo seguro, ordenado y económico en todo el mundo.

Por fin, es vital que los gobiernos tomen en serio la importancia que tienen el turismo y el transporte aéreo para la economía del país, minimicen la carga tributaria que pesa sobre estas actividades, y generen medidas que vayan en su apoyo y rescate.(O)