El transporte comunitario realiza su trabajo con fines de ayuda. (Foto internet).

El transporte comunitario dentro de las comunidades se convierte en una solución de movilización, porque las unidades de las cooperativas legalmente establecidas no llegan a todos los lugares, porque no hay una ruta establecida, el camino deficiente y no hay  balance de oferta y demanda.

En la última sesión planteada sobre la reforma de la Ley de Transporte, se vio únicamente el problema de transporte comunitario como servicio, indicó Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Con este problema viene luchando hace años.

Si la gente no saca sus productos que comercializa en la ciudad no se genera economía en la comunidad en consecuencia el transporte comunitario se tiene que entender desde el ángulo cultural, social y económico, agregó.

“No se trata de quitar el derecho al trabajo de las compañías establecidas en las urbes” sino el transporte comunitario lo que hace es conectar la comunidad con los centros donde se pueda vender los productos.

El Movimiento indígena mediante un convenio con la Conaie desarrolló un estudio en Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo donde se da como resultado que el 50% de los choferes no hacen transporte comunitario para tener réditos económicos sino para sacar la producción del vecino.

De las cuatro provincias Cotopaxi llegó al 57%, Iza destacó que el campo automotriz debe garantizar la seguridad, calidad y sobre ello no se debe ir sobre los estándares  en la ley.

Para ejercer este tipo de actividad debe existir las autorizaciones de las comunidades y se debe coordinar con las instancias como: Policía Nacional, Municipio (permiso de uso de suelo), Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito para que no haya tergiversación.

Y cada quien tiene una planificación de la producción, es decir son los encargados de transportar la carga para las diferentes ferias, así como también pasajeros.  El transporte comunitario se acentúa en los tiempos de cosecha y en la provincia está la Fecos, Unocanc, entre otros.

En la movilización del 4 de julio del 2017 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el MICC uno de los temas centrales fue el del transporte comunitario “porque en el momento que salen de la comunidad llevando productos o pasajeros inmediatamente cae la Policía”. No poder trabajar libremente implica para los conductores una sanción de la reducción de 10 puntos a la licencia y dependiendo de la infracción se cobra los salarios mínimos y además el carro va retenido, “no es justo afectar al corazón de la economía de las comunidades”, ante esto dijo que seguirán luchando “No es un problema de Cotopaxi sino nacional”, finalizó. (I)

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