Frecuentemente, escuchamos a la ciudadanía expresar su malestar por los ‘impuestos’ que cobran los municipios, especialmente en época de crisis económica derivada de la pandemia que azota la humanidad. Empecemos recordando que las dos cosas inevitables en esta vida son: la muerte y los impuestos. La sociedad organizada debe imponer contribuciones a sus habitantes para cumplir con el mandato que le entrega a sus autoridades, de lo contrario no sería factible ejecutar su voluntad.

Por definición -según Guillermo Cabanellas de Torres- impuesto es una contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. Por tanto, la obligación nace sin otro requisito, que no sea una determinada actividad económica, sin que el Estado se obligue a retribuir ese valor de forma específica en un servicio.

Los impuestos, única y exclusivamente pueden ser creados por el poder legislativo (Asamblea Nacional en el caso ecuatoriano) en favor de los cuatro niveles de gobierno existentes. Los más importantes impuestos son el de la renta y sobre el valor agregado. Menos importantes, el impuesto a los consumos especiales (cigarrillos, licores, perfumes), a la salida de divisas, a las herencias y otros. Los municipios no pueden crear impuestos.

El Cootad que rige a los Gobiernos seccionales, establece que las municipalidades podrán aplicar tasas retributivas de servicios públicos, siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos servicios, aplicando reglas contables, desechándose la inclusión de gastos generales administrativos que no tengan relación directa con dicho servicio. La tasa puede ser inferior al costo, en caso de servicios esenciales importantes para la comunidad, cubriendo los costos con los ingresos generales municipales. Por tanto, únicamente mediante Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, se pueden establecer tasas por servicios que brinden directamente o a través de empresas públicas o por delegación, en pago de la contraprestación del servicio, por un monto que no supere el ‘costo de prestación del servicio’.

El Cootad dispone que la fijación de dichas tasas deberá respetar la política redistributiva, sancionando con destitución a quien incumpla. El Cabildo puede también establecer ‘contribuciones especiales de mejoras’ que trasladan el costo total o parcial de obras municipales a los predios beneficiados, distribuidas en un plazo razonable, que normalmente se relaciona con los plazos del financiamiento obtenido para la obra. No existe otro tipo de tributos que pueda imponer un Municipio a sus parroquianos. De existir, sería ilegal y los ciudadanos tendrían derecho a ejercer la resistencia a pagarlo o pedir su devolución.

Ahora podemos analizar la legalidad de las tasas por servicios administrativos y la contribución para la Mama Negra que cobra la Municipalidad local a disgusto de muchos dolientes. La primera, no tiene sustento técnico para demostrar los gastos involucrados que justifiquen el cobro de $4,50 por cada trámite administrativo que se realice, aunque sea un reclamo por pago indebido. Hay municipios que apenas cobran la mitad por servicios similares (Ibarra). No hay evidencia de cumplimiento de la ley para legalizar este cobro.

Mientras que la ‘contribución’ para la Mama Negra de $0,50 por trámite, no tiene asidero legal, pues no se trata de un impuesto, ni tasa ni contribución especial por mejoras. Esto le convierte a la Ordenanza que la estableció en NULA y debe ser derogada por simple iniciativa de los propios concejales, que aunque no son los que la aprobaron, son responsables de mantenerla vigente. Esta es la labor que corresponde a un Concejo Municipal.

¡LEGISLEN POSITIVAMENTE POR FAVOR! (O)