Ha transcurrido 75 % del tiempo para el que fueran elegidas las autoridades seccionales, restando apenas un año para que cumplan con las ofertas plasmadas en planes de trabajo que todos estuvieron obligados a formalizar ante el CNE. En los próximos días, estarán presentando la rendición de cuentas, al que también están obligados. Estos informes deben ser subidos a las redes sociales, para que sean de fácil acceso a la ciudadanía. Por lo cual, es nuestra obligación como ciudadanos, tomarnos el tiempo para analizar las “cifras” y no dejarnos envolver con la palabrería que sobredimensiona los logros y esconde los errores.
Paralelamente, la Asamblea Ciudadana en cada cantón, debe conocer estos informes y emitir sus observaciones. Penosamente, la Asamblea ciudadana de Latacunga fue coptada por los adherentes de Pachakutik, en contubernio con el círculo político íntimo de la administración municipal, para silenciar la voz ciudadana y anular su capacidad de seguimiento por medio de comisiones, que son totalmente inoperantes, complaciendo los caprichos de la Autoridad cantonal. La ausencia de la ciudadanía ha permitido que se anule la función de este máximo organismo participativo. Los estatutos que rigen su vigencia, fueron ilegítimamente manipulados por funcionarios municipales y aprobados por una mayoría que nombró a todas sus directivos, anulando las minorías.
En un intento por legitimar la rendición de cuentas, el presidente de la Asamblea Ciudadana de Latacunga, señor Iván Guerrero, que no ha podido organizar ninguna asamblea en todo el año, se limita a remitir el informe a sus miembros, sin someter a discusión y análisis por parte del máximo organismo democrático cantonal. Tampoco se han puesto en conocimiento de la Asamblea, los informes que deben generar las comisiones de trabajo que tienen funciones específicas. Es bochornosa esta forma de socapar la inactividad del Cabildo y la función ejecutiva, cuyos directores deben responder por cada una de sus dependencias.
El presupuesto 2022 asciende a la astronómica cifra de 150 millones de dólares, que esconde la ineficiencia de la gestión ejecutiva, arrastrando obras desde 2018. Los informes departamentales presentados, evidencian la limitada obra pública, siendo lo más relevante el alto nivel de gasto corriente, el dispendio en elementos suntuarios como vehículos, publicidad, señalética, consultorías, etc. mientras que la ejecución de obras que resuelvan las necesidades de la población, son escasas, costosas, retardadas e insuficientes.
El presupuesto de inversión, que históricamente se mantiene alrededor de 20 millones de dólares anuales, debería ser participativo según el COOTAD, es decir sus prioridades deben ser determinadas por la ciudadanía. Sin embargo, desde la vigencia de esta disposición, los alcaldes de turno han tergiversado la intención del legislador y apenas establecen un monto reducido del orden de 250 mil dólares por cada parroquia para que sea resuelto por la dirigencia parroquial junto a sus más cercanos seguidores. Como consecuencia de esta desviación, la inversión obedece al capricho del Ejecutivo y su círculo de confianza, cuyos objetivos se apartan de las aspiraciones de la población.
Apenas restan doce meses para que finalicen las administraciones seccionales. Algunos de los alcaldes buscarán la reelección, con lo cual se comportarán como candidatos, haciendo campaña mientras ejercen las funciones, utilizando los medios públicos para apuntalar sus aspiraciones. Aquellos que no buscarán la reelección, seguramente porque saben que no la merecen, harán promesas y esfuerzos por cumplir lo que no lo hicieron en los tres años precedentes. Difícilmente se lograrán cambios reales en la capacidad de ejecución de obras. Se pone a prueba el liderazgo de las autoridades, incluyendo los Cabildos, cuya ejecutoria es muy pobre. Con apenas TRES ORDENANZAS aprobadas en 48 sesiones ordinarias, nos dejan un gran vacío de gestión.
¡ULTIMA OPORTUNIDAD! (O)