A escasos 18 días de que finalice la tortuosa administración Sánchez, brilló la justicia por intermedio de la Contraloría General del Estado, que en un tiempo record, en comparación con decenas de informes que llegan tarde, mal o nunca, ha emitido en octubre 2018 un informe DEFINITIVO de auditoría en que se determinan responsabilidades de alcalde, procurador síndico y directora de obras públicas. Con ese fundamento, el departamento de responsabilidades de la Contraloría General estableció que existen méritos para resolver la DESTITUCIÓN de los tres funcionarios. Concede 30 días para que ejerzan su derecho a la defensa sobre esta resolución, esto es sobre la “imposición de la sanción de destitución y multa”.
Notificados los involucrados, el señor Sánchez ha hecho un ejercicio burlesco de desprecio a la sanción más severa prevista en la Ley para quienes incumplen disposiciones de autoridad competente, como hacer caso omiso a la autoridad de control de contratación pública SERCOP, que notificó en julio 2017 la decisión, fundamentada en un informe de inobservancias INSUBSANABLES, para que se declare DESIERTO el proceso licitatorio para la construcción del distribuidor de tráfico en la avenida Cinco de Junio, sector El Molinero.
De forma prepotente, el alcalde contestó con argumentos infantiles pretendiendo que el director NACIONAL deje sin efecto la decisión. SERCOP ratificó la decisión y conminó a declararlo desierto dentro de 3 días. Los autoritarios hicieron caso omiso y adjudicaron la licitación al único oferente, ampliamente cuestionado, firmando contrato el 5 de septiembre de 2017.
El SERCOP termina su gestión “precontractual” y por disposición de ley remite el proceso a la Contraloría Provincial de Cotopaxi para que SANCIONE y a la Procuraduría General del Estado para determinar la legalidad del contrato. No han progresado estas acciones. Sin embargo, una amplia investigación del Colectivo Foro Latacunga llevó adelante una denuncia ante el Contralor General, quien dispuso una auditoría especial. Siguiendo el debido proceso y respetando el derecho a la defensa de los involucrados, concluyó en el informe FINAL de auditoría, que ha servido de base para la resolución de sancionar con destitución de los responsables del desobedecimiento.
A pesar de este bochornoso episodio que deja en claro la actitud de irrespeto a la normativa obligatoria que rige la gestión municipal, se ha firmado nuevo contrato para la construcción de la PLANTA DE FAENAMIENTO por cerca de 3 millones de dólares, contrariando nuevamente la orden del SERCOP de declararlo desierto, por lo cual el expediente será remitido a la Contraloría General para las sanciones correspondientes. Siendo la misma infracción, merecerá la misma sanción de destitución, que no será aplicable por haber cesado en sus funciones los infractores.
Todo este relato refleja una total falta de respeto al Ordenamiento Jurídico y por ende a la misma sociedad latacungueña, pues la convivencia pacífica se fundamenta en el cumplimiento de las normas impuestas por la misma, a través de sus legisladores y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos, sin excepción. Por tanto, rechazamos las inmorales justificaciones esgrimidas por el Alcalde destituido y denunciamos la falta de vergüenza, que es lo mínimo que debería sentir una persona que tenga valores y respete a los ciudadanos que infelizmente le permitieron sentarse en el sillón de Cajiao, manchando la bandera de Latacunga con actos despreciables que quedarán para la parte más obscura de nuestra historia.
Lo único que cabe en estas circunstancias es que los destituidos hagan una demostración de humildad y decencia, presentando su RENUNCIA INMEDIATA a los pocos días que les quedan, para limpiar en alguna manera el honor de sus familias, que sufrirán el escarnio público. ¡TENGAN UN POQUITO DE VERGÜENZA! (O)