El venerable ciudadano Julio César, cuyo apellido ya se da por entendido, ha sido sucedido en el sillón de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por un fraile, cuyas ejecutorias en las primeras horas de reinado, han dejado perplejo a todo ciudadano que aún creía en la honestidad que debería tener el elegido para presidir al Organismo encargado de escoger a las autoridades de control de mayor jerarquía en nuestro país. Seguramente, este triste episodio que vive nuestra endeble democracia, heredado del experimento perverso denominado ‘Socialismo del Siglo XXI’, pasará a los registro de Ripley, como ejemplo de la rapidez con que la ambición de poder puede dar al traste con un protervo proyecto político personal.
La elección de este cuestionado sujeto, burló todos los niveles de control social, legal y político, pues incurrió en la prohibición legal de ser candidato, por el mero hecho de ser representante de un culto religioso, además de haber ‘incumplido’ los requisitos, entre los cuales constan:
“Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. El requisito de trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos tres o más de las siguientes iniciativas, realizadas durante los últimos cinco años: impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de ejercicio de derechos; promoción de iniciativa popular normativa; participación en programas de voluntariado, acción social y desarrollo; participación en iniciativas de formación ciudadana; o, haber promovido asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o veedurías ciudadanas. El requisito de lucha contra la corrupción consiste en haber presentado o participado en iniciativas normativas o de política pública en temas de transparencia, manejo y control de recursos públicos o en veedurías ciudadanas con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública. La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente, demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato luego de su postulación.”
Tardíamente, nos hemos informado de la serie de ilegalidades cometidas para lograr el objetivo de inscribir de forma fraudulenta su postulación. Vergonzosamente, quien preside el Organismo de Control de la CORRUPCIÓN, es señalado como presunto responsable de haber cometido actos reñidos con la transparencia y honestidad, que se enmarcan en una forma de corrupción. Los requisitos establecidos para optar por esa magistratura, se han justificado con certificaciones falsas, engañosas, forjadas y cuestionadas por las instituciones involucradas, que ponen al sospechoso en la posible situación de PERJURO, pues su declaración juramentada de no incumplir con los requisitos y responsabilizarse de la veracidad de los documentos presentados al momento de su inscripción como candidato, contradice la verdad de los hechos.
Este fraile no ha honrado su voto de obediencia que caracteriza a los dominicos, además del voto de pobreza y de castidad. Sus superiores le han dispuesto retirar su candidatura, y dejar de utilizar el hábito de sacerdote, lo cual ha sido irrespetado, hasta que una vez posesionado lo ha reemplazado con el disfraz de revolucionario Bolivariano. Así las cosas, resta que actúen los organismos competentes para sancionar con toda rigurosidad y a la mayor brevedad posible estos actos bochornosos que demuestran -una vez más- que la existencia de este Consejo de ‘Participación Ciudadana’ y Control Social es una farsa urdida por chavistas y correístas.
¡El fraile impostor debe ser expulsado por la misma ventana por la que entró subrepticiamente!(O)