Hace unos meses -cuando el Gobierno iniciaba sus funciones- dediqué estas líneas a pedir una tregua a todos los actores políticos para permitir que el ofrecimiento de campaña de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gestión pueda cristalizarse, mi idea era entonces que solamente vacunados podríamos ir retomando de a poco las actividades normales, reencontrarnos con nuestras familias y claro, reactivar la economía.

         La tregua (asumida por casi todos) dio resultado y el Ecuador pasó de los vergonzosos resultados de vacunación en el Gobierno del presidente Moreno a ser un referente mundial por la velocidad con la que la Administración Lasso pudo inocular a casi todos nosotros (y lo sigue haciendo), aplausos por ello.

         En ese mismo editorial comentaba que tras esta ‘tregua de vacunación’ podríamos volver a pelear por política, decirnos que somos de la ‘derecha oligárquica’ o de la ‘izquierda retrógrada’, ‘curuchupas conservadores’ o ‘progres antivalores’ y así, cualquiera de los calificativos que nuestra política nacional suele usar para dividirnos por ideas en lugar de unirnos por el país.

         Pero como nunca las cosas se dan como se esperan, una nueva crisis ha surgido en el territorio nacional, la carcelaria, aquella que mostró que los ‘Centros de Rehabilitación Regionales’ ideados en los 10 años del correísmo (uno de ellos impuesto en Latacunga), son un polvorín que está por explotar en el momento menos pensado, que basta una sola chispa (provocación) para que decenas de privados de libertad mueran y que, claro, las peleas políticas irracionales vuelvan a perder razón de ser, al tener una prioridad aún mayor ¿cuál? La seguridad.

         En mérito de lo descrito en el párrafo anterior, me atrevo a elevar un nuevo llamado a los actores políticos, partidarios, sociales y comunitarios, a ejecutar una NUEVA TREGUA, la de la pacificación, a favor de este Gobierno y su gestión, deponiendo intereses personales y facilitando que las energías de los funcionarios (Presidente incluido), se descarguen en blindar la seguridad ciudadana, apagar el incendio que se da en cada una de las cárceles y evitar mayores masacres a aquellas ya sufridas.

         Todo reclamo, acción política, práctica parlamentaria o ejercicio electoral es válido, sin duda, la democracia se basa en ellos, pero éste no es el momento, una movilización indígena que cierre vías, obligue a policías y militares a descuidar la seguridad de las cárceles y genere un problema más al Ejecutivo, aunque válida, no es coherente, la discusión por el precio de la gasolina (o del diésel para los tractorcitos de los dirigentes que adoran viajar al imperio que tanto atacan) puede esperar, la inseguridad, vandalismo y muertes que nos rodean no y eso solo por citar un ejemplo.

         El control político es elemental, la Asamblea debe hacerlo, pero poner al país a discutir noticias no verificadas, informes presuntamente plagiados, juicios políticos iniciados por capricho y precios de las empanadas de los desayunos de los Legisladores es irresponsable, los ‘’Padres de la Patria’ deberían ahora preocuparse por reformas legales efectivas que disminuyan el hacinamiento, permitan la rehabilitación social y traigan paz ciudadana.

         Finalmente, las opiniones aventuradas de expertos todólogos también deben cesar, un día hablan de matrimonio gay, otro de paraísos fiscales, otro de reformas tributarias, otro de legalización de marihuana y otros de crisis carcelarias; dice un adagio popular brillante “zapatero a tus zapatos” y prosigue otro “si no tienes nada bueno que decir, mejor no abras la boca”; que aquello nos guíe, que la crisis carcelaria se solucione con criterios de expertos conocedores del tema (propios y extranjeros), con políticas nacionales creadas en función de experiencias que han dado resultados y sobre todo de un compromiso de tregua de parte de todos, me incluyo.