En los términos del artículo 89 de la Constitución, “la acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima…”. “Es el derecho de la persona puesta en prisión -que considere que su detención responde a orden de autoridad incompetente u obedece a procedimientos que no cumplen los requisitos legales- para obtener su inmediata libertad” (Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política).
Si se comprueba que la orden efectivamente proviene de autoridad prevista en la ley, que el procedimiento se adecua a los procedimientos legales y fallos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la materia, simplemente no procede su otorgamiento, y, por tanto, el juez tiene la obligación de actuar en consecuencia. Todo exceso en su concesión es pernicioso; es sinónimo de abuso pues sale de los límites de los preceptos legales establecido. En definitiva, constituye una clara afrenta moral que choca con la sana convivencia social.
Este exceso y abuso que se ha dado es perverso y corroe las bases mismas de la institucionalidad del país, con el riesgo de que se llegue al colapso, escenario fértil para los desestabilizadores de profesión.
La Constitución del 2008, aprobada mediante referéndum, introdujo el desorden jurídico que vive el Ecuador; ha permitido también el abuso de la acción de protección que ha perturbado incluso a la independencia de otras funciones del estado. Mediante el recurso del habeas corpus, groseramente concedido por un juez, se sustituyó la condena de prisión y valió para que el reo salga, solo con la disposición de presentación ante el juez y prohibición de salida del país.
Existen muchos casos de personas privadas de la libertad que merecerían ser considerados para un hábeas corpus, pero no tienen los privilegios, palancas políticas y judiciales que les permitan acceder a este procedimiento. Este hecho ha sido condenado por la mayoría de la gente decente del país. Ernesto Albán Gomez, jurista y académico serio, en su artículo titulado “Un juez en Manglaralto”, concluye señalando que “si no salimos de esta Constitución será imposible que el orden jurídico del país pueda depurarse. De alguna manera tendrá que restablecerse la vigencia de la Constitución de 1998”.
Este requerimiento viene tomando mucha fuerza, pero al parecer los asesores jurídicos y políticos del señor presidente Lasso, o no han comprendido la propuesta fundamentada del doctor Simón Espinosa Cordero, o no están entendiendo la gravedad de la situación por la que atraviesa la República, institucionalmente resquebrajada y sin seguridad jurídica. El procedimiento está previsto en la propia constitución-concretamente en el artículo 104-, a través de un referéndum constitucional. Esta norma faculta al presidente disponer al Consejo Nacional Electoral que “convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes”.
Todo este descalabro institucional ha derivado, además, en que la delincuencia haya sobrepasado a los entes de control y se encuentre de plácemes; más, gente de bien está aterrada y horrorizada por tanto crimen atroz. Es una pena, pero el uso y abuso del hábeas corpus está al servicio de los que delinquen. La coordinación y cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado es vital. Se conoce de los esfuerzos que se vienen realizando para revertir esta situación anómala, peligrosa y aberrante, pero por eso mismo amerita la urgente adopción de decisiones y acciones compatibles con su gravedad. (O)