Las relaciones laborales empleadores-trabajadores y la participación del Estado con motivo de la crisis por la vigencia del  coronavirus entraron en contraposición, mientras el Ejecutivo remitió con el carácter de económico y urgente un Proyecto de Ley denominado de “Apoyo Humanitario”, que teóricamente busca atenuar los graves efectos de la crisis sanitaria mundial derivada del covid-19. La Asamblea Nacional -dentro de los plazos establecidos- lo aprobó con una serie de revisiones, que obviamente cambiaron en su contexto el contenido original. Para un grupo de asambleístas el texto aprobado el 15 de mayo de 2020 ha sido mejorado por el Ejecutivo (Alianza País, CREO e Independientes con 74 votos), mientras que para otros parlamentarios el veto no toca una parte importante de esta relación laboral rota con el indiscriminado uso del Art. 169, numeral 6 del Código del Trabajo, por cuanto los miles de trabajadores despedidos antes de la vigencia de esta Ley vetada quedarían oleados y sacramentados. Se refieren a la situación de ejecutar un trabajo cuando existe prohibición expresa de autoridad competente, relacionada con la actividad que es objeto del contrato de trabajo, siempre que sea consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, y por tanto no atribuibles al empleador, por lo que se deja la puerta abierta para que estos ilegales despidos producidos en muchas empresas dentro de la emergencia sanitaria y sin esperar esta nueva Ley queden avalados.

Se dice en el veto presidencial que no habrá alza de las tarifas de los servicios básicos -incluyendo las telefónicas- hasta seis meses después de la vigencia del estado de excepción. Significa entonces que después de este plazo de seis meses sí se revisarán estas tarifas, ahondando aún más la  crisis económica de la mayoría de las familias ecuatorianas.

En relación con la educación el veto pretende “ayudar a los padres de familia” que tengan hijos en instituciones particulares, abogando por una rebaja de hasta el 25%  en el pago de las pensiones mensuales o dándoles un cupo fijo en escuelas públicas para que les cambien a sus hijos.

La Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el veto presidencial de conformidad con la Constitución  y la Ley en un plazo de 30 días, en consecuencia  allanarse al veto propuesto por el Ejecutivo,  o ratificarse  en su proyecto, para esto último requieren contar con 91 votos afirmativos. Dada la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, es factible que el Parlamento se allane al veto presidencial y en esos términos se remita al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia de esta Ley.

El Ejecutivo no ha insistido en la contribución de empleados y trabajadores, porque -a nuestro entender-, se siente satisfecho con la contribución obligatoria de solo el sector  público y el magisterio nacional, bajo la figura de reducción de la jornada diaria de trabajo, tema sensible que destruye la economía de por sí precaria de los trabajadores públicos y de los profesores, pues les afecta directamente en sus presupuestos, frente a las prestaciones de la seguridad social, en sus fondos de reserva, cesantía y obviamente en su jubilación, qué decir en su capacidad operativa para optar  por un crédito hipotecario o quirografario. No hay duda alguna de que estamos de cara a una realidad, de una u otra manera estamos frente a una verdadera flexibilización laboral, que de una forma o de otra vulnera el marco jurídico-constitucional de la relación laboral en el Ecuador. Covid-19, qué inoportuna ha sido tu aparición en mi patria, bajo tu égida cuántas ilegalidades, arbitrariedades y mañoserías se están cometiendo.(O)