Durante los últimos días del periodo legislativo que concluyó el 14 de mayo, se produjeron una cantidad de leyes aprobadas al apuro y que constituían un verdadero peligro para la institucionalidad del país en cuanto afectan directamente al principal organismo de aseguramiento social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Sucede que la Corte Constitucional, Tribunal de Control de la Constitución, dispuso en un fallo referente a la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo del IESS, que la Asamblea Nacional en un plazo de 180 días apruebe una Ley que determine la conformación tripartita del máximo órgano de gobierno del IESS -el Consejo Directivo- y su forma de funcionamiento. Entre las perlas que contenía esta ley de última hora, señalaba que la Presidencia del Consejo Directivo sea rotativa  y que cada uno de los sectores representados (Ejecutivo, Cámaras de la Producción y afiliados activos y pasivos) administre el IESS por 18 meses cada uno. Entonces decíamos en varios escritos de nuestra columna, que de aprobarse esa ley -de repartición del  IESS-, se produciría una quiebra mucha más rápida de la que estamos viviendo actualmente de la  Seguridad Social en el Ecuador. Imagínese -estimado lector- que cada período de 18 meses el sector que le corresponda la Presidencia del Consejo Directivo del IESS, pretenda designar un Director y Subdirector General, Directores de los Seguros Especializados y Direcciones Nacionales y Provinciales, una verdadera locura que causaría una total inestabilidad institucional. Lo que requiere este momento el IESS es una revisión total de su actual ley o la emisión de una nueva que compagine con la Ley Suprema; pero fundamentalmente, se requiere que los gobernantes de turno respeten el marco constitucional y legal que rige la seguridad social en el Ecuador y los convenios internacionales legalmente suscritos y ratificados por el país. Ningún acto que pretenda cambios positivos en el IESS tendrá efecto si no se deja de meter la mano política de momento en el  Instituto.

Otra Ley -muy necesaria por cierto-, aprobada a la finalización del período legislativo, que tiene relación con el IESS, es la referente  con  la educación y el Magisterio Nacional y en ella se hace relación a la jubilación de los profesores con requisitos de edad y tiempos de  aportación al IESS, diferentes  a los establecidos en la Ley de Seguridad Social vigente. Claro está que se puede jubilar a los afiliados a un sistema de aseguramiento social a cualquier edad y con cualquier tiempo de aportación, siempre y cuando se establezcan las condiciones económicas de aportación, mediante estudios  económico-financieros y con sustento en técnicas actuariales. En los seguros privados usted puede requerir una jubilación a los cinco o diez años de cotizaciones, pero la “prima mensual” -la cuota o cotización es altísima, por consiguiente, no se puede legislar política y demagógicamente, en temas que requieren asesoramiento técnico,    en caso contrario se convierten en leyes que en la práctica se vuelven inaplicables. Recuerden la famosa ley de jubilación de la mujer trabajadora con 25 años de aportación y sin requisito de edad, que nunca se la pudo aplicar, pese a estar vigente, porque no tenía estudios económico-financieros, ni se sustentaba en estudios actuariales que la hagan viable en el tiempo.

La seguridad social en el Ecuador -administrada por el IESS- requiere fundamentalmente -por favor escuchen- que las autoridades del Estado “respeten y hagan respetar la Constitución de la República y la Ley de Seguridad Social”. Ningún cambio en su ley o la emisión de una nueva tendrá efectos positivos, si los administradores del Estado  no respetan la normativa constitucional respecto al IESS. El nuevo Gobierno debe comenzar pagando la deuda al IESS. Tenemos que respetar su autonomía. El veto total a la Ley de conformación y funcionamiento del Consejo Directivo del IESS demuestra la seriedad con la que inicia su gobierno el presidente Guillermo Lasso, si así llueve que no escampe. (O)