La Asamblea Nacional se encuentra tramitando la proforma presupuestaria del Estado para 2022. Es la primera oportunidad del gobierno de Guillermo Lasso para presentar la estrategia de manejo de los recursos fiscales, pues el presupuesto 2021 fue prorrogado de 2020. Con este motivo, podemos analizar detenidamente la realidad de la cuenta única del Tesoro que acumula todos los ingresos fiscales. Sin pretender simplificar este tema, analizaremos lo más relevante.

Los ingresos “permanentes” ascienden a $21.148 millones, de los cuales los más relevante son impuestos a la renta, IVA, ICE y otros por $13.418 millones. Mientras que los gastos permanentes suman $21.888 millones generando un “déficit primario” por $739 millones. Paralelamente, existen ingresos “no permanentes” por $2.965 millones y gastos “no permanentes” por $6.009 millones lo cual genera otro déficit por $3.043 millones. Totalizan la alarmante cifra de $3.783 millones de gastos en exceso!

Superado el asombro que deben causarles estas cifras objetivas, corresponde analizar el destino de estos recursos, para comprender las razones para la estrechez del Gobierno Central a la hora de atender las innumerables demandas de recursos por los actores sociales. La cifra más destacada son $9.094 millones en gastos de personal! Nada menos que el 43% de los ingresos permanentes se destinan a este gasto permanente. Aquí se evidencia la obesidad del Estado, pues la generación de beneficios no se compadece con el costo de esta nómina.

El segundo gasto en importancia son los subsidios que ascienden a la gigantesca suma de $5.123 millones que representan el 24% de los ingresos permanentes! Estos recursos que son un auténtico regalo del Estado paternalista, se destinan al IESS, ISSPOL e ISSFA en $2.254 millones, a combustibles en $1.328 M, a desarrollo social en $1.470 M, desarrollo urbano en $57 M y desarrollo agrícola en $11 M. Esta generosidad clientelar crece año tras año sin que los beneficiarios tengan la menor intención de relevar al Gobierno de mantener estos privilegios. Es una segunda demostración del excesivo tamaño del aparato estatal, que debe seguir cobrando impuestos para pagar estos beneficios, muchos de ellos insostenibles.

Surgen entonces cuestionamientos que nadie quiere formular. La escalofriante cifra de subsidio al IESS por $1.583 millones corresponde a los valores que el Estado debe “completar” para pagar pensiones jubilares dignas, como aspiran sus beneficiarios, que deberían ser resultado del tiempo y monto de aportes individuales. Los políticos demagogos han resuelto el problema endosando la factura al Estado, que somos todos, en lugar de corregir la estructura de seguros para que sea autosustentable. Este subsidio crecerá como bola de nieve, pues el número de jubilados aumenta permanentemente y sus aspiraciones de mejora no van a cesar.

Por otro lado, este subsidio beneficia solamente a quienes aportaron al IESS, aunque sea temporalmente, y excluye a la mayoría de adultos mayores que no lo hicieron, evidenciando una inequidad que no permanecerá por mucho tiempo. Los subsidios deben ser temporales y focalizados en quienes no están en condiciones de atender el pago de ciertos bienes o servicios básicos, que el Estado debe garantizar como obligación primaria. El extender los beneficios a sectores que no cumplen con estos requisitos, significa restar recursos para otras obligaciones fundamentales como la educación, la salud y la seguridad. Hemos priorizado aquellos subsidios a estas necesidades básicas.

Finalmente, es claro que los impuestos pagados por los ciudadanos, y los préstamos interminables son los que financian estas dádivas que no son sostenibles. Así se han desviado muchos recursos desde hace 50 años que hemos vivido de petroleros. Los bulliciosos privilegiados han sobrepuesto sus intereses a la mayoría silenciosa.

¡DEBEMOS REORDENAR LAS FINANZAS PÚBLICAS!