Hemos pasado la página del reciente proceso electoral que nos deja muchas dudas sobre la confiabilidad que debería tener, a toda prueba. El sistema que impera -diseñado, implementado y vigilado por los propios actores políticos- no deja muchas alternativas para transparentar los procesos informáticos, sus fortalezas y debilidades, de manera tal que cualquier denuncia pueda ser desvanecida con pruebas fidedignas. Pero como vivimos en un mundo imperfecto, debemos seguir adelante a pesar de cuestionamientos que no han podido ser desvanecidos, generando insatisfacción en quienes se sienten perjudicados.

El sistema vigente para elección de presidente y vicepresidente de la República, establece que deberá realizarse una segunda vuelta para elegir entre los dos candidatos con mayor votación, salvo que en primera vuelta un candidato hubiere superado el 40% de votos válidos con una ventaja superior a 10% sobre el segundo más votado. Aclaremos que estas caprichosas normas han sido impuestas por los propios políticos que aspiran a ser elegidos, por lo cual son fruto de cálculos para su propio beneficio. No es extraño observar que no siempre funciona lo previsto y las cosas, con frecuencia, salen al revés. Nuevamente, nos sometemos silenciosamente a estas imposiciones, sin derecho al pataleo.

Una simple observación nos permite evidenciar que “cualquier hijo de vecina” siente el llamado del destino y se lanza sin pensar dos veces, a la aventura de ser autocandidato, considerando que no existen requisitos y que el pueblo ecuatoriano será su auspiciante, a pesar de las penurias que está pasando. Los electores son presentados con varias “sábanas” de risueños aspirantes, cuya descalificación no es motivo de promoción alguna. El resultado es una atomización del voto, provocando que la mayoría de los audaces aventureros alcance un insignificante apoyo, que solamente distorsiona y distrae la atención del electorado en primera vuelta. Esta es una de las causas por las que la diferencia de votos se acorta entre los más votados, dejando espacio para especulaciones de fraude.

Bien o mal, hemos superado la primera prueba y se acerca la decisión final. Debemos suponer que quienes votaron por uno de los candidatos que pasan a segunda ronda, mantengan su apoyo al candidato. Estos suman 52%. Dejando de lado los blancos y nulos, quedan 35% de votos válidos que tienen la segunda oportunidad de escoger su candidato. Será esta población, la que defina el nuevo Presidente de nuestra Nación. Solamente uno de cada tres electores, inclinarán la balanza. Así de importante es el “voto positivo” de cada uno de ellos. La abstención de decidir favorablemente, debilita la legitimidad de quien obtenga la mayoría de votos, convirtiéndose en una forma de decidir sin decidir, evadiendo la responsabilidad de aportar su propio criterio en algo tan gravitante en la vida política del Ecuador y su destino.

A la hora de esgrimir razones para adoptar la decisión de anular el derecho a participar en la toma de decisiones, se escuchan muchas respetables explicaciones, pero no cabe duda de que ninguna supera las razones positivas que nos impone nuestra condición de ciudadanos responsables, que tenemos derecho a aspirar por un mejor futuro en beneficio de nuestra familia y la sociedad. Nuestro aporte “es indispensable” para salir de la oscuridad y la desesperanza en que hemos caído. ¿Acaso podríamos negarnos a auxiliar a un hijo en momentos de peligro? Así de responsable debe ser la administración de nuestra capacidad de sufragar. Votemos con la mano en el pecho. Dejemos un legado político del cual nos podamos enorgullecer. No dejemos que los resentimientos nos impongan darle las espaldas al país que nos ha dado todo.

¡Hablemos ahora o callemos para siempre!(O)