La Asamblea Nacional ha enterrado el proyecto de ley para atraer inversión privada, que en ejercicio de sus facultades, el Presidente Lasso presentó como proyecto de ley económico urgente, para ser aprobado, negado o modificado. Vergonzosamente, no solo se lo negó sino que se decidió su archivo, para asegurarse que por un año, no se pueda volver a considerar esta materia. Es evidente que por encima de los intereses nacionales, se impusieron los mezquinos intereses politiqueros, causando un grave daño irreversible a los millones de ecuatorianos que esperan la tan mentada reactivación económica, con esperanza de recuperar el tiempo y las pérdidas sufridas por la pandemia.
La inversión extranjera, que incluye capitales ecuatorianos que, gracias al SS XXI buscaron refugio en países que garantizan la propiedad privada, son indispensables para construir un futuro sostenible y sustentable, aprovechando las múltiples potencialidades que tiene nuestro hermoso país.
En el sector público se podrían hacer realidad las obras de infraestructura más importantes, liberando recursos que deben destinarse a atender las necesidades fundamentales en salud, educación, seguridad y otras, que no pueden ser delegadas al sector privado. Analizando el presupuesto general del Estado, es evidente que los gastos exceden los ingresos en casi $4.000 millones. Los beneficiarios de los “derechos garantizados en la Constitución” demandan con desesperación ser atendidos, y no pueden esperar. Desde el análisis financiero, debería constituirse en política de Estado el financiar obras de infraestructura estatal con recursos privados. Mientras que las obras existentes en sectores no estratégicos, pueden ser entregadas al sector privado, por delegación, para alcanzar índices de eficiencia en beneficio del usuario, con réditos económicos para el Estado.
Situación aún más dramática ocurre en los Gobiernos seccionales. Los incipientes ingresos que en su mayoría se generan del Gobierno Central, frente a las competencias que les corresponde, no permitirían en muchos años que se cumpla con los anhelos de sus habitantes. Mientras que la delegación y concesión de servicios y construcción de infraestructura con recursos privados, convertirían en realidad los proyectos de riego, vialidad, saneamiento ambiental, agua potable, generación eléctrica, energía, turismo, forestación, minería metálica y no metálica, etc.
Estos modelos de inversión privada en el sector público, están probados en países desarrollados como Canadá, en donde se aplica en todos los niveles de gobierno. Además de liberar recursos para que se destinen a satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, este modelo dinamiza la obra pública que de otra manera estaría en espera de disponer del dinero requerido, reduce los costos y elimina sobreprecios, que superan el 20% en el mejor de los casos. Probablemente este, sea el motivo para la oposición radical de algunos “progresistas” que prefieren manejar directamente estas inversiones y tener control de los recursos, además de emplear a sus seguidores, cumpliendo los ofrecimientos de campaña.
Desde el lado privado, no sería posible desarrollar sectores de gran potencial sin inversión extranjera. Esos capitales no existen en el país. Atraerlos conlleva ofrecer condiciones “competitivas” al menos comparadas con los países de la Región. Estas, deben incluir seguridad jurídica, libertad de repatriación de capitales, estabilidad política, reglas tributarias claras y estables, legislación laboral razonable y resolución de conflictos que asegure independencia de los jueces, entre otros. El tiempo de estas modalidades, depende de la inversión. Mientras mayor sea esta, mayor deberá ser el tiempo de concesión o delegación y estabilidad de las condiciones.
En resumen, esta nueva forma de complementación de la inversión pública y privada puede detonar una verdadera reactivación económica y construir una economía sólida. No es aceptable que la legislatura se niegue a abrir los ojos al mundo contemporáneo.
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