Urbanización Campo Verde, uno de los sitios considerados como zona de riesgo. FOTO M.S. LA GACETA

Propietarios de los terreros de la urbanización Campo Verde, situada en la parte norte de la Ciudadela Nueva Vida, solicitan la autorización para la construcción de viviendas o a su vez la de reubicación.

Patricio Carate, presidente de la urbanización, indicó que muchas personas compraron los espacios para construir sus viviendas, incluso algunos adquirieron préstamos en entidades financieras; sin embargo, el trámite es negado por parte del GAD Municipal, basados en el Cootad, señalando que “por ningún motivo se autorizarán ni se regularizarán asentamientos humanos en zonas de riesgo y en general  en zonas en las cuales, se pone en peligro la integridad o vida de las personas (…).

De igual forma, indica que los Gobiernos  Autónomos Descentralizados deberán expedir las ordenanzas respectivas, que establezcan los parámetros y las zonas dentro de las cuales no se procederá con la autorización ni regulación con la ley, por lo que no se puede proceder con el trámite, expone Carate.

Ante esto, manifestó no estar de acuerdo, puesto que obras como el Hospital General y el Instituto Tecnológico, fueron construidos en zona de riesgo y preguntó si para los ciudadanos, no es legítimo que construyan las casas con una póliza de seguro o algún mecanismo parecido.

Expresó que “las autoridades deberían dar paso a que se desenvuelva la economía, sabiendo que el 65% de la ciudad se encuentra en zona de riesgo”. Carate con documentos en mano, manifestó que con la regulación emitida por el Cootad en el año 2014, el Municipio debió aplicar la disposición trigésimo primera, según la cual, dentro del plazo de seis meses, debió expedir una ordenanza, la cual hasta el momento no hay.

Según explicó, que desde el año 2008 con la nueva Constitución Art. 264, el Municipio debió tener y aplicar el Plan de Ordenamiento Territorial y ejercer el control, uso y ocupación del suelo del cantón, por lo que “jamás se debió permitir la construcción de nuevas ciudadelas, porque había la ley en el 2008 y la ciudadela se aprobó en el 2012”.

En este marco, han recurrido a diferentes instancias, pero al no tener respuesta, accedieron a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para exigir sus derechos. Ante esta situación, solicitan la reubicación o en su defecto, que habiliten la construcción, ya que en el espacio están unas 320 familias y que un 20% está construido.

Recalcó que se están yendo en contra de los principios básicos del derecho a la propiedad y en el caso de no darse la apertura a la edificación, se movilizarán los ciudadanos que se han visto afectados y que están en zona de riesgo. Expresó que “la institución municipal es la responsable, al haber autorizado la urbanización y que tiene que ser el Municipio quien responda por ello”.

Iván García, secretario, comentó: “al habilitar la cimentación de viviendas, se podría generar empleo en el sector de la construcción”.

Pese a conocer que este sitio está en zona de riesgo, como propietarios solicitan se autorice la construcción de casas en este sector, considerando que con un adecuado plan de evacuación podrán movilizarse y considera que se tiene que aprender a vivir con el riesgo inminente.

Este rotativo buscó contrastar la nota con la Dirección de Planificación del Municipio de Latacunga donde se nos manifestó que estaba en una reunión. (I)

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 7 =