La semana pasada el Gobierno Nacional a través de su vocera presidencial Carolina Jaramillo, habló de la modernización del Estado a través de tres pasos; un proceso de evaluación permanente y rigurosa de los funcionarios públicos, la segunda la fusión de 20 a 14 ministerios y de nueve secretarías a tres y el tercero la desvinculación de 5000 funcionarios públicos actividad que inició el pasado 24 de julio.
Estas tres acciones ejecutadas por el Gobierno, consultamos con Patricio Coronel, abogado penalista y analista, inicio indicando que la reducción de personal dentro del Ejecutivo son comunes en casi todos los gobiernos de turno lo hizo el correísmo, Moreno y Lasso y algunos gobiernos a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, lo cual no es nuevo; los segundo, la salida de 5000 funcionarios públicos no es mucho, pensando que la burocracia del país es cercana al medio millón de empleados estatales que representa apenas el 1 %.
Respecto al mecanismo utilizado por el Gobierno de Noboa para la separación de los 5000 funcionarios públicos es legal, porque el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de establecer como maneja su administración del Estado.
Coronel dijo que la fusión de ministerios y secretarías, es tener menos gente que haga más trabajo te dará como resultado eficiencia, ahora la pregunta es cuando finalice el proceso de fusión de las carteras de Estado va a ser posible que dichas entidades absorbidas sigan funcionando como deberían hacerlo y mejoren su desempeño .
Respecto a las partidas, el profesional del derecho dijo que, como se crean, desaparecen, posteriormente crear ciertas partidas para posibles necesidades específicas futuras del Ejecutivo es factible, hecho que se constituye en la preocupación mayor de la población y que podría ser utilizada para pagar favores políticos-electorales: Coronel, dijo no creo así porque reducir el tamaño del Estado es una necesidad, segundo es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y tercero porque tenemos un estado con una Constitución ultra garantista con un montón de derechos que te exigen tener estructuras estatales para hacerles cumplir.
Señaló que la Corte Constitucional está en sus manos analizar las decisiones del Ejecutivo en base a las leyes urgentes aprobadas y que, están en vigencia, una de ellas, es la evaluación semestrales a los funcionarios públicos, donde la preocupación es: quién va a examinar, cómo y con qué línea, es decir quítate tu para poner yo, o se va a sacar a los ineficaces e ineficientes de la cual está plagado el servicio público, apuntó Coronel, acciones que habrá que esperan que va a pasar más adelante es la interrogante.