By Según explicó la legisladora, la denuncia incluye presuntas anomalías en procesos de contratación que se habrían ejecutado a través del Ministerio de Energía y Minas, en relación con la empresa eléctrica provincial. Herrera señaló que existirían indicios de direccionamiento en la adjudicación de contratos y posibles conflictos de intereses.
En sus declaraciones, sostuvo que presuntamente una persona “habría sido quien daba todas las disposiciones respecto de los contratos y el direccionamiento de los contratos que se hacían a través de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi en la provincia”, asegurando que cuenta con documentación que respaldaría estas afirmaciones.
La asambleísta cuestionó el uso de las instituciones públicas y manifestó: “ya basta de que se utilice las instituciones del Estado, ya basta de utilizar a las empresas provinciales también como botín político y como botín económico donde se reparten a cada momento el dinero y los puestos”.
En la denuncia también se expone que “se podrían configurar elementos suficientes de delitos de peculado, de tráfico de influencias, abuso de funciones y otros contra la eficiencia de la administración pública”, apuntó, por lo que solicitó que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.
Entre los hechos señalados consta “la adjudicación de contratos por cerca de 6 millones de dólares que van dirigidos a familiares o que tendrían posible conflicto de intereses, estoy hablando de varias autoridades que han estado anteriormente también al frente que direccionaban los contratos, como digo 6 millones de dólares para la contratación y que luego resulta que tenían también contratos en predios que son privados y que les pertenecían a ellos alrededor de 400 mil dólares también respecto de algunas otras contrataciones irregularidades en varios procesos”, añadió.
Asimismo, afirmó que supuestamente “quien está al frente en este momento de la liquidación de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, resulta que firmó documentos y subió procesos a la página del CERCOP mientras estaba detenido por un presunto delito de tránsito y mientras estaba detenido, mientras estaba en prisión, firmó el subir contratos a la página oficial”, y que posteriormente “luego ha querido justificar diciendo que no lo firmó él, sino que lo firmó un tercero y querer justificarlo con un certificado de un psiquiatra”.
Agregó otra denuncia, referente a contratación: “También se hizo la desvinculación de varios funcionarios de carrera con la justificación de que había un exceso de trabajadores en nómina, para luego contratar cerca de 70 funcionarios sobre los que ahora no hay justificación, por lo tanto, están solicitando acciones de protección para que vuelvan a ser vinculados”. Herrera indicó que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen responsabilidades penales en este caso.
