By La Diócesis de Latacunga inició un proceso de sociabilización con los arrendatarios de los locales ubicados en la denominada Casa Campesina, en el cantón Salcedo, con el objetivo de regularizar los contratos de arrendamiento y establecer una relación directa con los ocupantes de estos espacios.
Durante una visita realizada en el sitio, el obispo Giovanni Paz, acompañado de su equipo jurídico, explicó que la intención principal no es desalojar a los comerciantes, sino formalizar su situación legal con la institución propietaria del predio. “Lo que buscamos es que los arrendatarios realicen contratos directamente con la diócesis, que es la legítima propietaria de este bien”, señaló.
El recorrido permitió dialogar con los comerciantes y aclarar inquietudes respecto a su permanencia en el lugar. Según Paz, actualmente no existe ningún contrato formal entre los arrendatarios y la diócesis, por lo que se deberá iniciar un nuevo proceso de legalización en el menor tiempo posible.
El abogado de la diócesis, Jaime Tarquino Tipantasig, indicó que esta acción responde a la necesidad de ordenar jurídicamente el uso del predio. Explicó que, hasta el momento, los comerciantes mantenían contratos con una organización que no posee la titularidad del inmueble, lo que ha generado irregularidades en la administración.
“El propietario del bien es la diócesis, y por tanto, es con ella con quien deben establecerse los contratos. Hemos venido a informar y a invitar a los arrendatarios a regularizar su situación”, enfatizó.
Asimismo, el jurista advirtió que, en caso de no concretarse los contratos en el corto plazo, la diócesis podría iniciar acciones legales, incluyendo la clausura de locales. No obstante, recalcó que la prioridad es el diálogo y la conciliación.
Por su parte, el abogado Luis Tapia informó que ya se encuentra en curso un proceso judicial de reivindicación del predio, el cual ha sido presentado ante la Unidad Judicial de Salcedo. Este proceso busca ratificar legalmente la propiedad del inmueble a favor de la diócesis.
Tapia explicó que la demanda ya fue calificada y se encuentra en etapa procesal, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente. Además, señaló que se han presentado las escrituras que respaldan la propiedad del terreno, las cuales datan de una transferencia realizada en 2024 desde una entidad eclesiástica.
Según la defensa legal, el predio habría sido utilizado durante décadas con fines distintos a los originalmente establecidos, que estaban orientados a actividades sociales y educativas vinculadas a la Iglesia.
Durante la jornada, las autoridades eclesiásticas reiteraron su disposición al diálogo con los comerciantes, destacando que la regularización permitirá brindar seguridad jurídica tanto a los arrendatarios como a la institución.
El proceso continuará en los próximos días con la suscripción de contratos en la curia, donde los interesados deberán presentar la documentación correspondiente.
