La homologación salarial y reestructuración orgánica de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (Elepco), radica en el cumplimiento a una recomendación que hizo la Contraloría General del Estado, el 5 de marzo de 2020 y es de cumplimiento obligatorio. Así lo aseguró Diego Moscoso, presidente ejecutivo de la Empresa Provincial.
Sus declaraciones fueron dadas en el contexto de la denuncia que presentó en Fiscalía, la asambleísta por Cotopaxi, Gissella Molina, el pasado 24 de junio de 2024, sobre unos supuestos actos de corrupción.
A decir del Presidente Ejecutivo, en esa denuncia consta tres presuntos delitos: delincuencia organizada, tráfico de influencias y peculado. Más no enriquecimiento ilícito como ha asegurado la Asambleísta por más de una vez. “Ya hemos rendido las versiones en Fiscalía”, agregó.
Además, Moscoso, aclaró que en esta denuncia se habla de un millón 200 mil dólares y no de los 45 millones que asegura la legisladora Molina. “Le pido que pruebe que esta administración se ha llevado esta cantidad de dinero (…) La asambleísta lamentablemente por época de campaña política (miente) a la ciudadanía”, expresó Moscoso.
Con la homologación salarial y reestructuración orgánica que se dio en noviembre de 2023, se incrementaron los sueldos a 310 funcionarios y trabajadores de Elepco. Es decir, el 73.57%. Según Moscoso, esto era necesario porque tenían los sueldos más bajos del país. Además, desde 1998, no se actualizaba dicha tabla laboral en la Empresa Provincial. Para finalizar, el presidente ejecutivo, invitó a un debate a la legisladora.